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Desde hace unos días los medios de comunicación se están haciendo eco de distintos posicionamientos políticos sobre nuestro estado autonómico, que, es bueno recordar, se pensó inicialmente para las nacionalidades históricas pero que en aras del consenso constitucional se contempló en el artículo 2 de nuestra Carta Magna el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación Española y la solidaridad entre todas ellas.
Esto se desarrolló en el artículo 143 donde se recoge que las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas. Y como es costumbre en nuestro país esta redacción se matizó en el artículo 144 en el que se facultaba a las Cortes Generales a autorizar, por motivos de interés nacional, autonomías uniprovinciales aunque no reunieran los requisitos del artículo 143. Seguro que algunos de Vds. no vivieron aquella época y/o no recuerdan cuales fueron esos motivos de interés nacional, pues muy sencillo mantener el consenso para elaborar la Constitución y pensando que no iba a ocurrir nunca, hasta que llegó Clavero Arévalo y su conocida teoría del “café para todos”.
Como consecuencia de unas declaraciones de Aznar en las que, en resumen, venía a decir, con absoluto acierto, que el estado de las autonomías, en su funcionamiento actual, es inviable, el PSOE por boca de Marcelino Iglesias ha dicho que no se cuestiona el modelo autonómico y mucho menos disminuir su capacidad de autogobierno, y Maria Dolores de Cospedal ha aclarado que el PP sí cree en el estado de las autonomías. Yo creo que Aznar no dijo lo contrario; de hecho fue presidente de Castilla y León.
Ya he comentado en alguna ocasión que la organización territorial de España en comunidades autónomas tiene muchos aspectos positivos, fundamentalmente por la cercanía al ciudadano para resolver mejor sus problemas al tener capacidad de conocerlos también mejor.El problema es que los están intentando resolver de manera ineficiente y que la estructura no es la adecuada. Hay alguna comunidad con una población menor que la que tienen ciudades del cinturón metropolitano de Madrid y una estructura política-administrativa similar a la de la propia comunidad de Madrid. En cualquier caso y para no dejarlo sometido a interpretaciones de Vds.considero que debe mantenerse nuestra estructura territorial actual.
No soy jurista ni tengo conocimientos jurídicos mayores que los proporcionados por la necesidad de haber tenido que leer e interpretar muchos textos por obligaciones laborales, pero considero que habría que llevar a cabo una “modernización” en palabras del PSOE o una “reforma en gasto y en ordenación” en palabras de líderes del PP.
En primer lugar es imprescindible que se garanticen los mismos derechos en todo el territorio nacional y no solo en teoría, sino en la práctica e igualando muchos temas. Por solo señalar dos aspectos:
Educación, es necesario un diseño curricular básico y común que luego se complete con peculiaridades propias de cada región. Por supuesto dando libertad a los padres para elegir la lengua vehicular de la enseñanza, en español o la propia de la comunidad autónoma, si la tiene. Una de las razones de nuestra baja competitividad es la falta de movilidad laboral que tenemos los españoles, y la obligatoriedad de enseñar en una lengua no común frena muchas carreras profesionales, porque una familia no puede estar cambiando la lengua en la que se educan sus hijos, si se desplaza de una comunidad a otra para trabajar.
Sanidad, es imprescindible asegurar la cohesión del Sistema Nacional de Salud, el establecimiento de una cartera de servicios común, una política de recursos humanos homogénea, una financiación suficiente y otras muchas cosas a las que ya me he referido en otras ocasiones.
En estos temas y otros varios (medio ambiente, justicia) las Conferencias Sectoriales (el Consejo Interterritorial del SNS en el caso de sanidad) deberían dotarse de Autoridades Ejecutivas con funciones reguladoras y supervisoras en sus respectivas materias.
En segundo lugar hay que racionalizar estructuras administrativas, ¿diecisiete defensores del pueblo, diecisiete agencias de protección de datos, diecisiete agencias meteorológicas, etc., etc.?
En esta materia –no me estoy refiriendo en concreto a ninguno de los ejemplos del párrafo anterior- se me ocurre algo que hasta ahora no he leído ni oído, pero que entiendo pudiera estar contemplado en la Constitución, en su artículo 145.2 los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. ¿Se podrían agrupar algunas cosas en comunidades vecinas?; esto requeriría cambio de estatutos, pero a tal cosa ya estamos acostumbrados Me gustaría que alguien con conocimientos suficientes opinara sobre esta sugerencia.
En cualquier caso es urgente tomar medidas para racionalizar el gasto autonómico. Una reforma constitucional del Título VIII sería muy difícil de conseguir y en todo caso, si se plantease, debería ser una vez transcurrido un suficiente periodo de tiempo de post zapaterismo y que todos olvidemos lo de “discutida y dicutible”. Lo que no puede ser es que Zapatero diga que tomará medidas contra las comunidades que no disminuyan el gasto y cumplan los objetivos de déficit, porque hoy por hoy eso no es factible y el periodista del Financial Times al que se lo dijo debe estar todavía con cara de sonrisa irónica, cuando no de risa franca.
Pemeches Juspi
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