Con motivo del terremoto, posterior tsunami y desastre nuclear en Japón ha vuelto a ser noticia en los medios de comunicación las protestas de ciudadanos españoles sobre la actuación de nuestra Embajada. Esto es algo que se reitera cada vez con más frecuencia cuando ocurre una situación imprevista y de importante magnitud en cualquier país. No falla nunca la existencia de declaraciones de compatriotas denunciando haberse sentido desamparados por la legación diplomática española.
Por supuesto que habitualmente hay quejas en foros y en algunas cartas al director de medios de comunicación de ciudadanos españoles protestando ante la actuación de las autoridades consulares españoles en cualquier país. Si se leen despacio en la mayoría de las ocasiones hay que quitar la razón a los autores de tales quejas, porque es de sentido común que las embajadas y consulados no están para funciones de asistente personal como algunos turistas españoles –porque los que suelen quejarse no son residentes permanentes en el exterior- pretenden. Y qué decir de los que delinquen en el extranjero y poco menos que acusan a nuestros representantes diplomáticos de la consecuencia de sus actos.
Si accedemos a la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación podemos ver cuáles son los servicios consulares que de manera general y a modo de ejemplo pueden y no pueden prestar a los españoles en el extranjero. Son muy limitados y sin duda se rigen por el derecho internacional y el Convenio de Viena de 1963, pero no han cambiado en décadas y no están adecuadamente adaptados a las nuevas situaciones que ocurren cada vez con más frecuencia.
Llama la atención que no se ofrezca ninguna información sobre los servicios que pueden y deben prestar ante circunstancias excepcionales. La única referencia es, textualmente, esta: “adelantarle en circunstancias excepcionales la cantidad necesaria para su repatriación, que deberá reintegrar al Tesoro Público dentro de los plazos establecidos por la ley:” A todas luces algo insuficiente ante situaciones como las de Japón, donde es difícil que alguien pueda "autorepatrirarse”, y máxime cuando en un alarde de irresponsabilidad el Comisario Europeo de Energía ha tachado de apocalipsis. Siendo la situación muy grave no puede alguien con ese nivel en el gobierno de la Unión Europea hacer esas calificaciones sin disponer de toda la información, que ni siquiera disponía el gobierno japonés cuando él las hizo. Estas declaraciones incrementan el miedo y hasta el pánico y más ayuda necesitan entonces los extranjeros en el país donde ocurre tal situación.
Esas quejas sobre la falta de respuesta de los consulados y embajadas tienen mucho que ver, en mi opinión, con la sensación de tranquilidad habitual en la que desarrollan su trabajo sobre todo en países con poco intercambio económico bilateral, sumado al estatus y horario funcionarial. Hay falta de reflejos para actuar en circunstancias excepcionales, a lo que se suma algo imprescindible en estas situaciones: disponer de medios económicos.
Tenemos unas embajadas situadas en muchos casos en edificios representativos de alto valor inmobiliario y con elevados gastos de mantenimiento, lo que conlleva una ridícula asignación de otras partidas presupuestarias, y el disponer de ellas rápidamente en caso de necesidad es muy difícil por el propio funcionamiento de la administración financiera en la administración pública.
Por supuesto que hay que reconsiderar todo el servicio exterior en su conjunto y adaptarlo a los tiempos actuales y a la tecnología de la información y de las telecomunicaciones, incluyendo la redefinición de los lugares donde es necesario disponer de legaciones diplomáticas y de optimizar los gastos fijos allá donde existan. Hay un interesante trabajo del año 2005 del Ministerio de la Presidencia sobre la reforma del servicio exterior, aunque no parece que se haya avanzado mucho.
Pero no es el objeto de este post. Lo que pretendo aquí es incitar a la reflexión sobre cómo mejorar la atención a nuestros ciudadanos en el exterior ante situaciones como la que se está viviendo en Japón ahora o recientemente en Egipto, Túnez y Libia. No me vale el que se diga que son situaciones no previstas. Tampoco un hospital tiene recursos dimensionados las veinticuatro horas del día para atender una catástrofe de importancia desmesurada como ocurrió, por poner un ejemplo que recientemente recordábamos, en los atentados del 11-M. Pero cuando ocurre algo así la respuesta es inmediata, eficaz y –al contrario de en la actividad diaria- casi siempre de máxima eficiencia. Y eso es lo que hay que conseguir en nuestro Servicio Exterior.
Los responsables de las embajadas y consulados tienen, en tales ocasiones, que ponerse a disposición de los ciudadanos españoles permanentemente, no solo en horario de oficina, y si es necesario reforzar el personal con contratados locales, debiendo la Intervención General del Ministerio de Asuntos Exteriores adoptar las medidas necesarias y con la máxima urgencia para facilitar la transferencia de medios económicos a justificar a posteriori para resolver la situación. Además de que en la sede del Ministerio se debería actuar de manera coordinada y facilitando los medios necesarios para la evacuación cuando así se considere. Claro que lo ideal sería que existieran protocolos previos consensuados en la Unión Europea para hacer actuaciones coordinadas eficaces y eficientes, y que en estas ocasiones el concepto de ciudadano europeo adquiera su máximo valor.
Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com
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jueves, 17 de marzo de 2011
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