Estado de alarma: ¿el fin justifica los medios?

Mucha tinta se vertió el fin de semana previo al puente de la Constitución, días 3, 4 y siguientes de diciembre, por la forma en que se desarrolló la situación de cierre del espacio aéreo, y la consiguiente cancelación de innumerables vuelos, y la declaración del estado de alarma mediante el Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre. Su publicación produjo el efecto deseado, pero dicha declaración suscita serias dudas jurídicas (¿o el fin sí justifica los medios?).

Para intentar poner algo de luz en la cuestión se hacen las siguientes consideraciones:

Es la Constitución Española, en su artículo 116, la que se refiere a la declaración del estado de alarma, disponiendo en ese precepto que

“una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes”.

Por su parte, la concreta regulación del estado de alarma se recoge en el apartado 2 de dicho artículo 116, al indicar:

“El estado de alarma será declarado por el Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”.

El legislador atendió ese requerimiento constitucional, fruto del cual fue la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, cuyo artículo 4 establece los presupuestos que deben darse para la declaración del estado de alarma, al indicar:

“El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el art. 116.2 de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos o forestales o accidentes de gran magnitud (ninguno de estos presupuestos se ha producido en el caso analizado).*
b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación grave (tampoco ha habido crisis sanitarias).
c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28. 2 y 37. 2 de la Constitución (el derecho a la huelga de los trabajadores… y el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, ninguno de los cuales estaba aquí en entredicho), y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo (catástrofes…, crisis sanitarias…, desabastecimiento);
y d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.”

Es fácil entender que esta disposición no avala la actuación del Gobierno para declarar el estado de alarma.

La interpretación literal del precepto mencionado ya plantea serias dudas sobre dicha actuación: se viene a decir que la “paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad”, que es la causa del problema planteado por la actuación de los controladores civiles del tráfico aéreo, debe ir acompañada de una cualquiera de las situaciones señaladas en los apartados a) o b), o d) del precepto, cosa que en el presente caso no ha sucedido: ni ha habido catástrofe o calamidad pública de las señaladas, ni ha habido crisis sanitaria, ni desabastecimiento de productos de primera necesidad.

A simple vista, por lo tanto, el precepto no está pensado en absoluto para dar solución con estas medidas a conflictos laborales como el planteado entre AENA y los controladores citados, de ahí que el apartado c), del art. 4, transcrito, añada: “…cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28. 2 y 37. 2 de la Constitución” (es decir, el derecho a la huelga de los trabajadores… y el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, ninguno de los cuales estaba aquí en entredicho).

Pero es que además esa fue explícitamente la intención del legislador cuando abordó la redacción de ese apartado c) del art. 4, ya que precisamente para evitar la tentación de que se usara a tales fines, se acordó precisamente añadir al texto inicial del proyecto la frase final que dice; “y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”.

Ello fue fruto de la aceptación por el entonces Grupo Parlamentario de UCD de una enmienda “in voce” presentada por el Grupo Parlamentario Comunista (defendida por el Diputado Sr. Sartorius), tendente a dejar claro que con esa norma en absoluto se pretendía limitar el derecho de huelga, sino que la alarma debía estar motivada por “situaciones de excepcionalidad de otro tipo”, como las que él mismo propuso al referirse a las situaciones de los apartados a), b) o d) del precepto (resulta interesante releer la justificación que hizo de su enmienda –demasiado extensa para reproducirla aquí-).

Dicho todo lo anterior, la consecuencia para el Estado, en definitiva: para los españoles, de que estas circunstancias sean hechas valer ante los tribunales, sí pueden causar verdadera alarma.

Jota Firgas
jota.firgas@gmail.com
*Las frases entre paréntesis y subrayadas son de quien suscribe

¿Se podría nombrar un árbitro en lugar de continuar en estado de alarma?

Cada vez es más frecuente leer u oír que Rubalcaba está ejerciendo de presidente ante la “desaparición” de Zapatero, que acaba de anular su asistencia al viaje inaugural del AVE para presidir la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (ya veremos que se le ocurre ahí). De hecho, sin cargo orgánico en el PSOE presentó el domingo al candidato en la Comunidad Valenciana. O es que los socialistas ya han tirado la toalla en Valencia o es que Zapatero no se encuentra en condiciones de salud o de ánimo suficientes. Eso sin descartar que no esté siendo “manipulado” por Rubalcaba, “tranquilo Presidente que tú tienes que bregar con Merkel y ponerla en su sitio, del resto me encargo yo”.

Pero lo que no puede aceptarse es que hoy no vaya a comparecer en el Congreso para solicitar la prórroga del estado de alerta, y Rubalcaba tampoco y sea Jáuregui el que lo haga, como si fuera un asunto rutinario. En todo caso como el Ministerio de la Presidencia tiene encomendadas las funciones de apoyo al Presidente, parece que actuará como sobresaliente por indisposición del maestro y los de CiU, a pesar de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña le apoyará y trámite cumplido. El voto favorable del PNV se explica por su pacto de presupuestos, pero para mí que en el de CiU hay algo relacionado con la privatización de AENA y los aeropuertos catalanes.

Vuelvo a repetir que todo el peso de la Ley debe caer sobre los controladores pero el estado de alarma no es para resolver una situación laboral. Si llevan siete años y no han podido resolverla, la tentación de seguir con la excepcionalidad puede ser muy fuerte. ¿Dónde está el talante de Zapatero? ¿Qué hubiera dicho el partido socialista si Aznar hubiera decretado el estado de alarma el 11-M? Yo viví los efectos inmediatos de los atentados en primera persona y había motivo más que suficiente para haberlo hecho. También hay que recordar que el 23-F tampoco se hizo. Y que quede claro que me estoy refiriendo a la prórroga que se va a votar, no a la que estamos ahora viviendo. Ya expresé mi opinión sobre ella y como manejó Blanco los tiempos.

Con independencia de las opiniones de juristas de elevado prestigio sobre la constitucionalidad  de la declaración del estado de alarma actual y su inmediata prórroga hay una situación que, como español contribuyente a la hacienda pública, me preocupa. Es el asunto de las posibles indemnizaciones a los pasajeros y sectores afectados por el abandono del servicio de los controladores. Yo les aseguro que si eso lo hace un cirujano, aparte de las responsabilidades penales y civiles que sin duda le serían impuestas, el servicio de salud correspondiente tendría que asumir una responsabilidad patrimonial por los daños causados al paciente cuyo cirujano hubiera abandonado en la mesa quirúrgica, cosa por otra parte imposible de toda imposibilidad por mucho conflicto laboral que hubiera, y vuelvo a hablar con conocimiento de causa, porque viví en primera línea directiva la larga huelga de médicos del año 1995.

Creo que esta huelga nos va a costar mucho, mucho dinero a los españoles. Lo veremos dentro de varios años, pero recuerden la sentencia del aceite de colza desnaturalizado en la que la Administración fue condenada por responsabilidad patrimonial. Y el gobierno lo sabe y por eso la Fiscalía se opone a que la Audiencia Nacional se declare competente; si se incoan miles de procedimientos en juzgados ordinarios puede dilatarse más de una década el final de este asunto, pero al final seguro que paga AENA y como con el importe de las tasas y cánones que pueda cobrar para entonces no habrá suficiente, tendrá que salir de los presupuestos generales del Estado con créditos extraordinarios.

Seguro que cuando los juristas terminen de expresar sus opiniones sobre la constitucionalidad o no de la declaración del estado de alarma comienzan a publicar informes sobre esta posibilidad.

Y para finalizar, opino que José Blanco debería ser asesorado para solucionar el conflicto sin aceptar chantajes pero sin amenazas, porque no puede ponerse a la altura de unos trabajadores que han demostrado no tener escrúpulos ni ninguna percepción de desempeño de un servicio público. Creo que debería estudiarse las posibilidades –aunque no exista huelga legal convocada- de nombrar un árbitro que dicte un laudo como ocurrió en la huelga de médicos de 1995, donde Abril Martorell desempeñó tal papel. Y estudiar también el Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud en cuanto a régimen de jornadas y descansos. Ni el Ministerio de Sanidad ni los médicos quedaron totalmente satisfechos con el laudo, pero pudo resolverse un gravísimo problema que también afectó a millones de ciudadanos.

Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com

Responsabilidad, firmeza y exigencia. Excepciones, las justas

Hemos celebrado el aniversario de nuestra Carta Magna en situación de alarma por primera vez declarada desde su entrada en vigor hace 32 años. Y declarada por el gobierno del talante y del diálogo, según autopropaganda gubernamental, que parece haber sido olvidado. Ya llevaba nuestro gobierno algún tiempo intentando cercenar la libertad de expresión, acuérdense de cuando Gonzalez Sinde dijo que los actores de la ceja no debían opinar sobre los asuntos del Aaiún por no ser expertos en la materia y de algún que otro episodio más, como el todavía nonato protocolo para la Fiesta Nacional anunciado por Carme Chacón.


No voy a incidir sobre la redacción del Real Decreto con la declaración del estado de alarma y militarización de los controladores, porque no soy experto jurídico, pero parece ser que muchos que sí lo son no lo tienen nada claro sobre su adecuación a la norma constitucional y demás legislación aplicable. Supongo que dentro de unos años saldremos de dudas.

Sí voy a recordar que los únicos culpables de esta situación son los controladores aéreos por su irresponsabilidad, prepotencia y actuación presuntamente ilegal. Sea una presunta sedición o lo que sea, presuntamente han obstaculizado, cuando no impedido, el ejercicio de un derecho constitucional como es el del libre circulación y todo el peso de la Ley debe recaer sobre ellos. Con todas las garantías constitucionales que ellos presuntamente no han respetado a los demás, pero con todo la severidad. Lo que sería lamentable es que el gobierno no hubiera estado acertado al aplicar la legislación en la declaración del estado de alarma, como no lo estuvo cuando publicó de urgencia, sin aviso previo completo y en el momento más inoportuno la nueva regulación de los tiempos de trabajo de los controladores.

Veremos hoy lo que da de sí la comparecencia –obligada que no voluntaria- de Zapatero en el Congreso y las explicaciones a los grupos políticos. Considero que Rajoy ha hecho muy bien anunciando el apoyo al Real Decreto de declaración del estado de alarma, pero no puede otorgar una carta en blanco al gobierno en este tema. Una vez dadas las explicaciones oportunas debe quedar bien clara la postura del Partido Popular. Apoyo total a la resolución del problema ocasionado, como total ha sido el apoyo de los ciudadanos a las medidas tomadas, pero cuidado al futuro.

Por las declaraciones de Rubalcaba de que la situación no se va a repetir y que las navidades van a ser tranquilas, pudiera imaginarse que están pensando en prolongar la situación del estado de alarma. Ojo a esta situación, no sea que vayamos a sustituir el talante por el “tiapalante que lo mando yo” típico de los que andan escasos de talento.

A ver si nos llevamos una sorpresa y PNV y Ciu deciden que se prolongue sin mayores explicaciones. Cuidado, que la Constitución también prevé posibles desmanes nacionalistas, y que una vez que se aplican preceptos excepcionales se le puede coger el gusto y siempre estará la excusa, en una hipotética futura situación, de que ya se hizo por otra causa “menos grave”.

El Partido Popular debe dar una lección de responsabilidad porque dentro de muy poco deberá gestionar la situación de los controladores y tiene que hacerlo desde la firmeza, pero desde el diálogo. Desde la exigencia con el ejercicio de un trabajo público, pero desde la consideración de las peculiaridades de ese trabajo.

Más o menos como hizo cuando gobernaba y era Ministra de Sanidad y Consumo Ana Pastor (por cierto, ¿dónde está Leire Pajín?, no se la ha visto ni oído defender a los consumidores, a pesar de que estemos en situación de alarma) y se aprobó por una amplia mayoría parlamentaria la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. Léase en ese texto el capítulo X sobre jornada de trabajo, permisos y licencias; se pueden sacar muchas ideas para intentar resolver el problema de la jornada laboral de los controladores. La jornada de los médicos a pesar de las guardias, directiva europea de jornada máxima y libranzas quedó resuelta y no ha vuelto a dar problemas.

Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com