Es necesario reformar el Tribunal Constitucional

Desde que los Príncipes de Asturias tuvieron su primera hija se comenzó a hablar de la necesidad de una reforma constitucional que aboliera la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono. Durante el segundo embarazo de Dª Letizia los comentarios y artículos sobre la necesidad de dicha reforma arreciaron y en los últimos tiempos se ha vuelto a hablar de la conveniencia de la misma por otros temas, fundamentalmente relacionados con el Título VIII de nuestra Carta Magna.

Pocas veces, sin embargo, he visto comentarios sobre la necesidad de tal reforma con relación al Tribunal Constitucional, que a pesar de lo que muchos españoles consideran, no es una instancia más de apelación por encima del Tribunal Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas en los casos de su máxima responsabilidad.

La historia del garante máximo de nuestros derechos y deberes constitucionales ha estado trufada por diversos hechos relacionados con un sospechoso condicionamiento al gobierno de turno, con la excepción de la época de Aznar. Conviene recordar la sentencia sobre la expropiación de Rumasa y el posterior exilio voluntario del presidente del Alto Tribunal, García Pelayo, tras otorgar su voto de calidad para declarar constitucional todo el proceso expropiatorio por presiones del gobierno de Felipe González.

Y qué decir de la actuación del gobierno de Zapatero sobre el Tribunal con motivo del Estatuto de Cataluña, donde se llegó a modificar la normativa para que la presidenta, Mª Emilia Casas, pudiera seguir hasta que se emitiera la sentencia correspondiente más de tres años después de presentados varios recursos. Recuérdese también el abroncamiento en público de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega a Casas en la tribuna del desfile de la Fiesta Nacional.

En los últimos días la decisión sobre Bildu tiene toda la pinta de ser otro ejemplo paradigmático de un Tribunal sometido a las presiones del gobierno de Zapatero con Rubalcaba actuando de máximo representante de la manipulación y del engaño a todos los españoles, aunque también hay quien dice que se oponía a las maniobras de Zapatero. Habrá que dejar el beneficio de la duda por aquello de que es muy listo y sabía que a la mayoría de los españoles no iban a manifestar su apoyo a la legalización. Así lo han mostrado las encuestas y Rubalcaba aspira a suceder a Zapatero. En todo caso no se han guardado ni las formas, hasta en esto se diferencian de la época de Felipe González. Y al igual que sin duda Zapatero aprendió a decir en alemán que estaba a las órdenes de Merkel, casi seguro que para mayor empatía con el PNV terminó diciendo a Urkullu “lasaia Iñigo”. Iñigo tranquilo, que la sentencia del Constitucional será “agradable” tal y como manifestó el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Eduardo Madina, el día anterior a producirse.

 En fin, no voy a entrar hoy en el tema de Bildu salvo para recordar que Hitler también asumió el poder de forma democrática. Lo que si voy a hacer es exponer la necesidad, en mi opinión, de reformar el acceso a la magistratura del Tribunal Constitucional y la composición del Consejo General del Poder Judicial.

Tengo que volver a recordar a Alfonso Guerra y una de sus famosas frases: “Montesquieu ha muerto”. Es muy raro, prácticamente inexistente en realidad, que cuando se comenta algo sobre el Tribunal Supremo, el Constitucional o el órgano de gobierno de los jueces no se añada a cada magistrado una coletilla sobre si es “progresista” o “conservador” e incluso si es del cupo socialista o popular.

 Bien es verdad que los jueces del Supremo son inamovibles y aunque hayan sido nombrados por votación en el Consejo teniendo más votos de un sector u otro, nadie les va a remover de su escaño salvo que sean condenados por un Tribunal (complicado por aquello del corporativismo aunque siempre hay excepciones). Sin embargo no sucede lo mismo con los de Tribunal Constitucional que tiene un mandato limitado a nueve años (salvo prórrogas de las que también tenemos reciente experiencia) y que luego van a depender en muchos casos –los que son magistrados y fiscales- del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo Fiscal para continuar sus carreras profesionales.

Es decir, van a seguir dependiendo de aquellos que les nombraron. Que no son otros que los partidos políticos, pero fundamentalmente el del gobierno de turno por la forma de nombramiento de los magistrados de la calle Doménico Scarlatti. Si es que no hay más que ver lo que publican los medios de comunicación, donde se puede leer u oír cosas como que tal magistrado (a propuesta de tal partido) ha votado con los propuestos por otro partido.


Y así nos va y nos seguirá yendo. Ya veremos qué pasa con Bildu como ya estamos viendo lo que ocurre con Cataluña o lo que nos han costado algunas de las indemnizaciones de Rumasa. Y ojo con lo de Rumasa y demás. No estoy defendiendo a Ruiz Mateos y mucho menos con el asunto de Nueva Rumasa de por medio. Quiero únicamente al citar estos ejemplos recordar que el Constitucional no es una cuarta instancia judicial, no valora las pruebas juzgadas, únicamente sentencia si se han vulnerado los derechos constitucionales. Nada más y nada menos, que no es poco.

 Para evitar todo el mercadeo existente en los nombramientos y las posibles presiones posteriores sobre los magistrados considero que es necesaria una reforma a fondo del Tribunal Constitucional que sin duda implica una modificación de la Carta Magna. Como hay que hacerla por lo de la sucesión a la Corona se podría aprovechar la ocasión, pero el problema es que entonces se requeriría la vía compleja con disolución de las Cámaras. Por tanto, creo que el nuevo gobierno debería abordar una reforma puntual de este aspecto y la consiguiente reforma de la Ley Orgánica del Consejo General. A ver si consigue reanimar a Montesquieu.


Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com

Copago sanitario y grave error de algunos médicos

En los últimos dieciocho meses, han proliferado las conferencias, desayunos, simposios, informes y demás elementos de comunicación al uso, sobre la situación de la sanidad en España. Una gran parte de los mismos, comienzan refiriéndose a la insostenible situación financiera del mismo, y a partir de ahí los caminos divergen, aunque existe una importante coincidencia en los últimos eventos, sobre lo mucho que se podría mejorar nuestra sanidad si el sector privado tuviera una participación mayor. Incluso, algún reciente informe en el que figuran políticos de toda condición ideológica, se propone un aseguramiento universal financiado por el Estado, y con capacidad de elección de aseguradora, con unas prestaciones básicas, iguales para todos, y luego que cada uno contrate lo que no se considere básico (patologías menores, explicita el informe, entre otras como el confort y las accesorias) con las aseguradoras con las que ha contratado las prestaciones básicas de financiación pública.


Si se lee la prensa profesional y “pseudoprofesional” con asiduidad, no deja de sorprender extraordinariamente el posicionamiento de buena parte de ella sobre esas cuestiones. La defensa de la integración de la sanidad privada en el SNS y la consideración de la enfermería como paralela al médico y adquiriendo parcelas de competencias hasta ahora exclusivamente médicas, y sin ceder ni un ápice de las suyas a otras categorías profesionales, son dignas de un estudio en las Facultades de Ciencias de la Información. De tal manera, que para algunos políticos, cuando hablan sobre la materia y en público, parece que todo es igual y todo es lo mismo, médicos, enfermeras, farmacéuticos, técnicos. Y eso es porque los representantes de algunas organizaciones profesionales les cuentan a esos políticos que los representados por ellos votan lo que indican sus representantes. Ni que decir tiene, que todo mi reconocimiento a la capacidad rasputiniana de tales representantes.

Tengo que reconocer que ello, fundamentalmente, se debe a la estrategia y extraordinaria política de comunicación de algunas entidades, sobre todo del IDIS y del Consejo General de Enfermería. Creo que el próximo presidente del Gobierno podría buscar el Secretario de Estado de Comunicación, en los gabinetes de la materia de estas dos organizaciones. Si es Rajoy como se espera, e hiciera ahí tal elección, seguro que nunca más se volvería a decir que el Partido Popular no sabe comunicar.

Sin embargo, no puedo decir lo mismo de la Sociedad Española de Medicina General (SEMERGEN) y su recién publicado “Análisis sobre la situación de los Médicos de Familia en España”. Ha sido un error, un tremendo error, el publicar alguna de las cosas recogidas en el estudio en estos momentos de expectativa de recortes en la Sanidad. Incluso la Generalitat de Cataluña ha decidido retrasar los mismos hasta después del 22 de mayo, entre otras cosas por las manifestaciones de los profesionales sanitarios, y ahora los titulares de los medios de comunicación son que el 86% de los médicos de familia consideran necesario implementar algún sistema de copago.

Sin embargo, los políticos –incluidos los que participaron en el informe que he citado al principio del post- lo niegan hasta la saciedad y lo consideran un anatema. Algunos incluso dicen, que si Zapatero proporcionara la financiación sanitaria adecuada a las CC.AA., se resolverían el déficit de las mismas, y los proveedores cobrarían a su debido tiempo. Incluso alguien ha dicho que copago bajo ningún concepto, como mucho -y ya veríamos- una tasa (¿!).

El estudio de la SEMERGEN consta de una muestra de 1500 entrevistas con un error mayor de 9,7% y me gustaría saber realmente la validez de los resultados. Porque otra cosa que me llama la atención es que el 44,2% de los encuestados se encuentran en el grupo de edad comprendido entre 51 y 60 años, y que el 43% se encuentren en la cohorte de entre 21 y 30 años de ejercicio profesional, y que Extremadura sea la región donde el mayor porcentaje de médicos cree necesario implementar el copago.

Si ya los médicos han perdido casi todo el prestigio social (de hecho el estudio valora también las agresiones), no soy capaz de entender por qué la justificación del copago es para “reducir la utilización innecesaria” en el 79,3% de los encuestados. Esto recuerda, a cuando en el franquismo era posible solicitar a la inspección que se le suspendiera a un paciente el derecho a la asistencia sanitaria de la seguridad social durante un periodo de tiempo, por causas como solicitar el alta voluntaria o alguna otra. Y lo digo con toda crudeza, parece que los médicos de familia quisieran “castigar” a los ciudadanos por acudir a la consulta.

Y es que, si se sigue leyendo el estudio, resulta que lo que se consideran consultas innecesarias son fundamentalmente las burocráticas, y en esto no tiene ninguna responsabilidad el paciente. Porque la siguientes causas de consultas innecesarias –en opinión de los encuestados- son “pequeñas dolencias, crónicos y somatizaciones”. ¿El paciente con una somatización no necesita atención médica? ¿Y las pequeñas dolencias y los crónicos? ¿Es que hay que “castigar” a los ciudadanos porque no haya sistemas adecuados de atención a estas dolencias o no exista suficiente educación sanitaria para el autocuidado de esas pequeñas dolencias? En otros estudios, se justifica el copago por la hiperfrecuentación, pero resulta que en el de la SEMERGEN solo entra en esa categoría, el 2,69% de las consultas.

En todo caso ¡qué error!, qué tremendo error, que los propios médicos pidan el copago y encima justificándolo de una manera impropia e inadecuada. Son los políticos los que tienen que tomar esas decisiones y no los médicos. Me atrevo a darle un consejo a la SEMERGEN: que contraten urgentemente un gabinete de comunicación para resolver el problema que, sin duda, están creando a muchos médicos. Ya veremos cuáles son las reacciones de algunos ciudadanos cuando acudan a la consulta después de esta defensa del copago. Que no se extrañe nadie que a algún médico le tilden de pesetero, porque alguno de esos ciudadanos terminará diciendo que piden el copago para que les suban el sueldo. Es que el estudio también trata sobre esto.

La verdad es que se trata de un estudio de muy bajo perfil, por no aplicarle otros calificativos, que se ha ganado a pulso. En una parte del mismo, dice que los médicos están desmotivados porque no disponen de herramientas CLINICAS en las consultas, como Internet. Vamos a ver, una herramienta clínica, para un médico, es un fonendoscopio, un martillo de reflejos, una linterna…Internet será una herramienta informática, o que se yo. ¿Es que ya estamos todos tontos?

Un error, una lástima, y algunos políticos frotándose las manos y pensando en lo listos que han sido. Y el prestigio de los médicos en un escalón inferior, si es que todavía quedaban escalones.

Fidel Codex
fidel.codex@gmail.com

A peor resultado del PSOE el 22-M, menos factible el adelanto electoral

Al filo del inicio de la campaña electoral hemos conocido la Encuesta de Población Activa, tan demoledora como se esperaba y que, posiblemente, refleja también un importante desencanto de la ciudadanía, que ha perdido una buena parte de las esperanzas de encontrar trabajo. Tampoco puede descartarse un mayor retorno de inmigrantes a sus países de origen, para lo que todavía no tenemos datos del primer trimestre.

Efectivamente, como vaticinaba Elena Salgado no se ha llegado a los cinco millones de desempleados. Afortunadamente, y nadie en su sano juicio se alegrará por ello a pesar de lo que dicen algunos medios de comunicación afines a Zapatero. No creo, más bien estoy convencido, de que nadie en el Partido Popular se hubiera alegrado de que se alcanzara esa cifra. Como tampoco de que aumente el paro, entre otras cosas porque todo apunta a que lo van a tener que gestionar en un futuro próximo, como máximo en doce meses y 1.386.000 hogares con todos sus miembros en paro es un reto muy complicado de gestionar.

Ahora bien, como avanzaba en el primer párrafo, la escandalosa cifra de 4.910.200 desempleados -una tasa del 21,29%, el doble de la media de la UE- hay que ponderarla con el descenso de la población activa que ha sido de 49.200 personas. Seguramente muchas de ellas personas desencantadas que han desistido de seguir buscando empleo. Algunos mal pensados le suman también el incremento del empleo en el sector público, 17.400 trabajadores. Y eso que algunas Comunidades Autónomas han llegado a anunciar que tenían dificultades para pagar las nóminas y los Ayuntamientos están en una situación financiera tan mala como los datos de la EPA. He llegado a pensar que ese incremento en el sector público pudiera deberse a contratos eventuales por incapacidad temporal en sectores como sanidad y educación donde hay sitios –no todos, ni mucho menos- donde las plantillas están ajustadas. Pero no ha sido así en su totalidad, 7.000 personas han adquirido la condición de empleado público fijo, aunque vamos a dejar el beneficio de la duda y a pensar que son incorporaciones de OPEs de años anteriores. Ya, ya sé que es muy frecuente que las OPEs consoliden empleo temporal, pero como digo, voy a persistir en ese beneficio de la duda.

 Coincidiendo con la EPA se ha publicado el avance del Barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y los resultados, sumados a los anteriores, deben tener de los nervios a D. José (ex Pepiño) Blanco, porque ya a Zapatero –viendo su lenguaje no verbal- está en otros temas. Resulta que solo el 2 % de los encuestados califica la situación económica general de España como buena o muy buena.

 Aunque supongo también que todos los políticos deben estar preguntándose qué hacen y que es lo que comunican –a pesar de tanta publicidad, propaganda, DIRCOMS, medios afines, etc.- cuando casi el 67% de los encuestados califican la situación política como mala o muy mala y el 45.5% opinan que no mejorará dentro de un año.

 En días pasados se han publicado algunas encuestas en medios de comunicación en las que se resaltaba una aproximación del PSOE al PP en intención de voto, pero que no confirma la encuesta del CIS, no encargada por nadie interesado en el asunto. Ni que decir tiene que ningún partido se da por ganador ni por vencido en sus argumentarios públicos y la frase más repetida es la de que la única encuesta válida es la del día de las elecciones. Por otra parte, una verdad de Perogrullo.

 En cualquier caso por mucho que se aplique el PSOE en negarlo, todo apunta a que las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo van a constituir un test plebiscitario sobre Zapatero y el PSOE y de cuyos resultados se derivarán –sin duda- consecuencias sobre el calendario electoral para las generales previstas en 2012.

 Ayer muchos medios de comunicación publicaban declaraciones de una buena parte de los líderes del Partido Popular, incluido Gallardón, en las que apostaban que un resultado muy malo para los socialistas abocaría indefectiblemente a la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Ojalá me digo, pero pienso que no va a ser así.

 Más bien opino que si el resultado es ajustado y el Partido Popular gana las elecciones por un margen no superior al 3% en el conjunto de España y, además, no consigue la mayoría absoluta en Castilla La Mancha habrá convocatoria de elecciones para el otoño. Por el contrario, si la debacle socialista es tal y como pronostican las encuestas se agotará la legislatura.

En el primer caso porque si es casi una constante en los últimos estudios del CIS que la mayoría de los encuestados tienen más “simpatía” o se consideran más “cercanos” al PSOE que al PP y si la derrota es “dulce” estás tendencias podrían aumentar y el partido presionaría a Zapatero para convocarlas cuanto antes e intentar ganarlas y luego pactar con los nacionalistas para formar gobierno. No dejemos a un lado tampoco que Rajoy no sale mucho mejor parado que Zapatero en valoración, aunque por primera vez le haya superado por alguna décima.

 En caso contrario por aquello tan castizo de “que me quiten lo bailado”, sumado a que el 82,8% de los españoles tienen como máxima preocupación el paro y si las posibilidades de engrosar las listas con muchos de ellos mismos son máximas, se intentará retrasar ese acontecimiento hasta el último día. Con independencia, además, de que el PNV retire sus apoyos parlamentarios por la decisión del Tribunal Supremo sobre Bildu, como anunció Urkullu el domingo.



Pemeches Juspi


pemechesjuspi@gmail.com

¿De verdad queremos ser iguales?

La práctica en España de lo “políticamente correcto” surgió desde la izquierda hace ya bastantes años, y así como a un conocido ex director de periódico le gustaba dar “patentes” de demócrata, él mismo y otros, con gran capacidad de influencia a través de los medios de comunicación, empezaron a divulgar lo que era “adecuado” o “inadecuado”. En otras palabras, el que no se aplicara a si mismo esos códigos de comportamiento en todas las facetas de la vida era considerado como un “retrógrado” o, lo que es peor, como alguien sin la suficiente sensibilidad con la mayoría de los componentes de la sociedad.

Esta filosofía ha llegado a tales extremos que estoy convencida de que la mayoría de los políticos que no quieren ser “suspendidos” por los medios de comunicación -es decir, ninguno-, están extremadamente pendientes de cumplir esas reglas.

Viene esto a colación porque estoy perpleja con el acto que ha montado la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Perpleja, y decepcionada. En el acto se trataba de presentar a “las mujeres de su candidatura”. Al más puro estilo Zapatero, que nos hace muy flaco favor, al “protegernos” mediante cuotas de participación en altos cargos, con lo cual si una mujer válida, alcanza uno de dichos puestos, siempre está la duda de si es porque lo vale o por la paridad que se han inventado. Claro que conozco a unas cuantas mujeres (y hombres), cuya moral les permite aceptar todo tipo de componendas, aprovechándose de cualquier beneficio que les caiga, merecido o no.

Yo tenía por cierto que si una mujer se lo propone, alcanza el puesto que coloca en su objetivo. Y muchas veces, decidimos, voluntariamente, nuestro orden de prioridades, que suele ser, en primer lugar los hijos y la familia. Y si es así, es una elección tan digna como cualquier otra. Porque sabemos que es muy difícil, por no decir casi imposible, estar en misa y repicando. Y tener que elegir continuamente es inherente a la vida misma.

Pues bien, yo tenía a esta persona por una de estas mujeres, luchadora y ganadora, en un mundo mayoritariamente masculino a ese nivel alcanzado por ella. Sin pararse a distinguir por sexos, ya que para el desempeño de un puesto de trabajo, no tiene sentido. Y, además, debería darnos igual que nos llamasen médico o médica, electricisto o electricista. Pero lo importante, si somos iguales, es que el puesto de trabajo se llamase igual. De hecho, sigo pensando que este acto ha sido un lapsus o que ha aceptado un consejo que no la pega nada.

Cuando, hace muchos años, estudiaba en la Facultad, había algún catedrático y profesor, que pensaba que las mujeres estábamos mejor en casa, y hasta alguno se lo dijo en voz alta a alguna alumna. Pero es que, hay días tontos…, y tontos todos los días. Y algunas de nosotras hemos ocupado el puesto que han dejado al jubilarse. ¡Y con que satisfacción!

No quiero dejar pasar esta oportunidad para decir que los periodistas tienen mucha culpa en estas lides, además de que fueron ellos los que, sino crearon al menos impulsaron la implantación de lo “políticamente correcto”. Ellos creen que nos salvan de muchas cosas al dar a conocer informaciones, pero nunca hacen autocrítica de las tontadas que ponen de moda. Así, cuando leo en los medios estos juegos de palabras, me revoluciono. Y me pregunto ¿por qué, en su mayoría dicen “la juez LeVert”, y cuando hablan de magistradas españolas “la jueza”?. ¿Por qué ellos no se llaman periodistos cuando son varones?

Cuando la gente, precisamente la que clama melodramáticamente que somos iguales, dice ciudadanos y ciudadanas están remarcando una diferencia que no viene a cuento, puesto que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, y con una palabra es suficiente. Puede ser interesante marcar la diferencia si voy a una discoteca, pretendo ligar o me voy a un viaje de placer. Todo lo demás, es perder el norte, y hasta la brújula.

Fidel Codex

fidel.codex@gmail.com

Las presiones van en aumento

Nos encontramos a diez días del inicio de la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales y el ruido sobre la presencia o no de la izquierda abertzale va subiendo de intensidad y mucho me temo que seguirá incrementándose.

Es lo que pasa cuando las cosas no se hacen bien y cuando se siembran malas hierbas es imposible recolectar grano de calidad. Si Zapatero no hubiera jugado con fuego y de la manera que lo hizo, las reglas del juego seguirían totalmente claras y no estaríamos ahora pendientes de una decisión judicial que se antoja harto complicada y, muy probablemente, por “la mínima”. Supongo que volverá a existir una discrepancia parecida a la de la votación sobre Sortu en el Tribunal Supremo de hace unas semanas.

Casi todo el mundo es consciente que Bildu es más de lo mismo y que surge de Batasuna aunque no hubiera existido la grabación de la conversación de Otegui con su mujer. El gran problema es si la candidatura cumple jurídicamente con todos los requisitos necesarios para poder presentarse a las elecciones.

Las presiones van en aumento y una, en principio, excelente noticia como es el comunicado de la banda terrorista ETA a la patronal navarra y a la vasca de que renuncian al cobro del “impuesto revolucionario” hace surgir dudas. Si renuncian ahora es que lo han estado cobrando –o al menos exigiendo- a pesar de las treguas y la negociación. Ahora bien, comunican que ha quedado cancelado como consecuencia del alto el fuego, no que no vayan a volver a exigirlo, por lo cual la llamada a la prudencia de la Confederación Empresarial Vasca está más que justificada.

La Fiscalía ha impugnado las listas de Bildu y  el calendario de posibles recursos a la decisión que tome la Sala 61 del Tribunal Supremo puede extenderse hasta justo antes de que comience la jornada de reflexión el día 21. Esto también da un margen importante para una hipotética presión sobre el Tribunal Constitucional, que tiene todas las papeletas para ser el que tome la decisión final.

Si ya Zapatero apoyó a Eguiguren, que siempre ha apostado por la presencia de esas candidaturas, ahora el PNV presiona de manera inmisericorde a Zapatero con no apoyar los presupuestos de 2012 si Bildu no está en las elecciones, e incluso algunas informaciones apuntan que Urkullu está intentando una aproximación a Rajoy. Como ya he dicho alguna vez Zapatero no debería intentar sacar adelante los presupuestos de 2012, sino prorrogar los actuales y que el nuevo gobierno tenga como primera tarea el elaborar los nuevos. Si no es así el nuevo ejecutivo tiene muchas posibilidades de perder un año sin realizar actuaciones imprescindibles y atado de pies y manos con las contraprestaciones obtenidas por los nacionalistas por su apoyo a los presupuestos elaborados por el gobierno de Zapatero.

Lo peor de esta amenaza del PNV, por lo que puede significar, es que Zapatero “debe cumplir los compromisos adquiridos”. Como todo el mundo sabe el contenido del acuerdo parlamentario entre el PSOE y el PNV no se hizo público. ¿Contiene acaso alguna cláusula sobre esta materia? Ojalá algún día lleguemos a saberlo. De las palabras de Carlos Garaikoetxea mejor hacer gracia porque es una lástima a donde ha llegado un hombre del que se decía que se vestía en Savile Raw y que fundo Eusko Alkartasuna con el objetivo, entre otros, de modernizar el PNV.

Pero no termina ahí la cosa, el portavoz de la izquierda abertzale Txelui Moreno ha calificado la impugnación de las listas como “acto de violencia con finalidad política”. ¿Le ha fallado el subconsciente? Y por supuesto considera que todo es por “culpa” del Partido Popular dejando al PSOE el papel de cobarde. ¿Recuerdan lo de Eguiguren y la falta de valentía de Zapatero?

Y mientras tanto, pancarta de apoyo a Troitiño (vaya papelón el del CNI perdiendo su pista) en la Universidad Complutense que no ha sido retirada hasta que no se ha denunciado por varios medios de comunicación. ¿No hay decano ni gerente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología?

En fin, quedan tres semanas de marear la perdiz con este tema y así otros pasan a segundo plano. Y dentro de unas horas conoceremos la EPA del primer trimestre y empezarán las discusiones sobre si los datos no buenos que anunciaba ayer Valeriano Gómez se deben o no a un posible incremento de la población activa.

Pemeches Juspi

pemechesjuspi@gmail.com

Reproducción asistida en lesbianas y cartera de servicios común en el Sistema Nacional de Salud.

En los últimos días los medios de comunicación han publicado varias informaciones sobre la negativa de algún Servicio de Salud a realizar técnicas de reproducción asistida a mujeres lesbianas con cargo a la sanidad pública.

En contra de lo que pudiera pensarse no ha sido en una comunidad gobernada por el Partido Popular donde ha surgido la primera noticia, y al albur de la misma se han conocido otros casos sobre la realización o no de las técnicas autorizadas en la materia en parejas homosexuales en las diferentes Comunidades Autónomas. Hay de todo, como en botica y sin que la afinidad ideológica del gobierno de turno predisponga en uno u otro sentido. Posiblemente esto no refleje más que la situación general de la sociedad, en la que los estereotipos de comportamiento “moral” y sexual no entienden ya de ideología, salvo en sectores cada vez más restringidos.

Como he hecho con algún otro tema tocado en el blog tengo que decir que personalmente no soy partidario ni de la reproducción asistida ni del acogimiento ni de la adopción en parejas homosexuales. Es mi opinión personal tan respetable como la contraria y no tengo nada en contra de tales parejas y mantengo relación cordial y afectuosa con varios homosexuales. Y por supuesto las Leyes hay que cumplirlas gusten o no.

Ahora bien, con la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida creo que estas mujeres que han denunciado la situación en Asturias tienen todo el derecho a ser tratadas. En su artículo 6 se recoge que “toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en esta Ley, siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su utilización de manera libre, consciente y expresa.  La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con independencia de su estado civil y orientación sexual”. Este derecho es limitado por la misma ley en términos de que “el procedimiento tenga posibilidades razonables de éxito y no suponga graves riesgo para la salud física o psíquica de la madre o de la descendencia”.

Pero no solo esto, sino que esta Ley de reproducción asistida,- que vino a sustituir a la anterior de 1988 del gobierno de Felipe González y a la modificación de esta realizada solo tres años antes por la ministra Ana Pastor durante el gobierno de Aznar- fue modificada en 2007 para adaptarla a la Ley 3/2007  reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. De tal manera que contempla textualmente: “Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilio conyugal, que consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su favor la filiación respecto del nacido”. (Insisto, esto está recogido en la ley  de reproducción asistida).

En conclusión, es curioso que el problema haya saltado en una comunidad socialista teniendo en cuenta el empeño que puso Elena Salgado cuando fue ministra de Sanidad en modificar la legislación del Partido Popular sobre la materia, y conviene recordar que cuando presentó la ley en el Congreso de los Diputados mencionó expresamente que venía a dar respuesta a la inseminación de las mujeres sin pareja. Y mucho más curioso –ahora Salgado es ministra de Economía y Hacienda- que en el caso que ha dado origen al debate la Consejería de Sanidad declaró que no había ningún problema en realizar las técnicas oportunas a mujeres solteras y sin pareja siempre que asumieran ellas el coste del proceso. Y me pregunto, ¿y a lesbianas casadas? En todo caso parece que el problema es exclusivamente de orden económico.

Algo bastante poco recordado, salvo para los que vivimos aquella época, –mediados de los ochenta- fue el origen de la reproducción asistida en el Sistema Nacional de Salud. No fue otro que la necesidad de poder llevar a cabo la recién aprobada, por aquel entonces, ley del aborto. No conozco ningún ginecólogo que disfrute haciendo abortos y se buscó el señuelo de convencer a algunos con la reproducción asistida que por aquellas épocas suponía un importantísimo reto profesional y científico.

Es decir, como tantas otras cosas, nació mal porque mezcló cosas que no tenían nada que ver y porque se impidió, por el gobierno de Felipe González, a los ginecólogos objetores al aborto acceder a las unidades de reproducción asistida. De hecho cuando el Partido Popular accedió al poder en 1996 llegué a oír comentarios en el sentido de que era una suerte, porque si duda iba a quitar la reproducción asistida de la financiación pública. Afortunadamente no fue así y las unidades se multiplicaron.

El problema ahora es otro, la situación económica y el elevadísimo coste de estas técnicas y cierta laxitud en la aplicación de la cláusula de las “posibilidades razonables de éxito”. Afortunadamente todavía no se conocen casos en España de mujeres de avanzada edad sometidas a estos tratamientos. Espero que no ocurran aunque la ley no lo impida nada más que con esa cláusula, que siempre se quedará por detrás de los avances científicos, porque frente al derecho de la mujer a ser madre siempre debe anteponerse –en mi opinión- el derecho de un niño a tener madre antes que “abuela”.

Qué gran oportunidad proporciona esta situación para que a partir de la constitución de los nuevos gobiernos autonómicos se imponga de una vez una cartera de servicios común para todo el Sistema Nacional de Salud, adaptada a las necesidades de la ciudadanía y a lo que podemos permitirnos económicamente. No podemos seguir con diecisiete calendarios vacúnales y con diecisiete maneras distintas de abordar las indicaciones de la reproducción asistida, el catálogo de medicamentos y tantas otras cosas.

Pemeches Juspi

pemechesjuspi@gmail.com

Lugar de residencia y principios de igualdad, mérito y capacidad

Hace ya muchos años viví la primera apertura de un nuevo hospital de las varias que he tenido la oportunidad de contemplar. Se podía decir que estábamos estrenando Constitución y que los principios que recoge la misma no estaban todavía muy incardinados en los españoles, aunque es verdad que cuando algo no gustaba existía cierta tendencia a decir que aquello era “anticonstitucional”. Aunque curiosamente aquel hospital se inauguró con el escudo del águila de San Juan del franquismo y nadie hizo tal afirmación de este hecho.

No era en una gran ciudad y, ya durante la construcción del mismo, los vecinos con el Ayuntamiento a la cabeza exigían que todos los puestos de trabajo estuvieran reservados para habitantes de la localidad y, en todo caso, si alguno quedaba, para los de la zona a cuya población estaba destinado el nuevo hospital. Progresivamente los más avezados se dieron cuenta de que aquello no era posible porque no abundaban ni mucho menos los anestesistas, radiólogos, internistas y bastantes otros especialistas; enfermeras locales tampoco existían para cubrir todos los turnos ni todos los puestos de trabajo. Así que al final la reivindicación se dirigió al personal no sanitario.

Costó explicar que aquello no era posible y que la Constitución exigía cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero algunos, inasequibles al desaliento, contestaban que también contemplaba el derecho al trabajo. Afortunadamente las cosas no se hicieron del todo mal y con unos índices de paro casi tan altos como ahora y con todavía menor cultura de cambio de residencia por motivos laborales que en la actualidad, muchos puestos de personal no sanitario fueron cubiertos por personas de la localidad, pero con cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

En años posteriores contemplé en otros lugares de España otras aperturas y las demandas eran similares. Posteriormente, a esas se añadieron las de que todos los servicios –incluida la limpieza- fueran de gestión pública con personal estatutario y que los sindicatos tuvieran un peso decisivo en los procesos de selección. Esto último está claro que se instauró. No con tanta ponderación como se demandaba, pero sí con algo más de la que hubiera sido deseable.

Y por rizar el rizo no hace demasiados años tuve conocimiento fidedigno de que en la apertura de un centro de prestación de servicios públicos las “fuerzas vivas” de izquierda añadieron una nueva reivindicación: que todos los productos que se compraran para la institución fueran de la localidad. La autarquía en pleno gobierno de Zapatero solicitada en una ciudad gobernada por el Partido Popular, e imposible de cumplir –además de por ilegal-  por “falta de género” como se decía en los antiguos mercados.

Y cuento todo esto porque llevo unos días sin salir de mi asombro. En una importante ciudad de la Comunidad de Madrid –Móstoles- el candidato socialista a la Alcaldía ha asegurado que si sale elegido, el segundo hospital de la localidad -cuya apertura está prevista para los primeros meses de 2012- será público al cien por cien y dejará de ser una concesión administrativa. Estoy convencido que algunos se lo creerán y hasta le votarán por ello, aunque realmente esa promesa es una estupidez; hoy por hoy ningún alcalde tiene competencias para decidir el tipo de gestión de un hospital de un Servicio de Salud autonómico.

Pero, desafortunadamente, mi extrañeza no acaba ahí. Es que resulta que el Ayuntamiento de esa ciudad –gobernado por el Partido Popular- ha firmado con la empresa concesionaria del hospital un convenio respaldado por el consejero, “para la creación de unos 1.100 nuevos puestos de trabajo en el Hospital Rey Juan Carlos, en cuyo proceso de selección tendrán prioridad los mostoleños” (sic).

He estado buscando jurisprudencia al respecto y no he encontrado ninguna que incluya el lugar de nacimiento o de residencia entre los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a un hospital financiado con fondos públicos. Y aunque no lo fuera con tales fondos, dicho requisito en cualquier empresa sería tan nulo como decir que tienen preferencia los hombres sobre las mujeres para acceder al puesto de trabajo. Creo que ese anuncio en la web de dicho Ayuntamiento es otra estupidez, como la del candidato socialista, propia del periodo preelectoral en el que nos encontramos.

Y de hecho, si se lee completa la información de la web parece que solo se trata de un acuerdo de colaboración para la formación y orientación laboral. Pero esa desafortunada costumbre de buscar el titular fácil y la propaganda antes que la información completa puede conducir a muchos equívocos y no pocas sospechas. Ojalá, que uno de los cambios que van a resultar imprescindibles a partir del 22 de mayo sea reconducir la información institucional.

Pemeches Juspi

pemechesjuspi@gmail.com

No es una lengua cooficial de España

El domingo Pedro J. Ramírez decía, en su habitual epístola dominical, que nadie podrá decir que Zapatero se ha aferrado al poder e incluso cuenta –su versión, claro está- una intrahistoria de la renuncia del presidente a volver a ser candidato, en la que llega a afirmar que a poco que se lo hubiera propuesto el PSOE hubiera cerrado filas con él para volver a presentarlo. Tengo mis dudas y creo que son más bien sus deseos, por la inmejorable relación que tiene con él - recuérdense sus cientos de horas de conversaciones en la intimidad - y por las cuentas pendientes con Rubalcaba y el grupo Prisa.  También dice el logroñés que el balance de estos siete años de presidencia de Zapatero ha sido muy negativo.

Aquí no solo no tengo ninguna duda y creo que se queda escaso. Aquella frase de Alfonso Guerra “a España no la va a reconocer ni la madre que la parió” ha quedado corta. El último ejemplo es el reconocimiento de Francia de las corridas de toros como patrimonio cultural mientras que en Cataluña se han prohibido por un gobierno encabezado por el partido socialista.

En cualquier caso hay que reconocer que lo ha hecho bien. Cuidado, que no me refiero a lo que ha hecho sino a la estrategia que ha llevado a cabo en diversos temas, que se nota realizada por excelentes profesionales del marketing y la comunicación y con la ayuda de un importante y numeroso aparato mediático.

Y sus logros ha conseguido. Verán, si algo funciona muy bien en España y desde hace tiempo es el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Esta, desde hace más tiempo todavía, está a la cabeza de las tecnologías de la información en cuanto a la relación con los ciudadanos. Lejos, muy lejos aunque no hayan transcurrido todavía ni veinticinco años, quedan los tiempos en los que la declaración de la renta había que hacerla con papeles de calco e introducir todo tipo de certificados, justificantes y facturas en los sobres de la declaración.

Hace unos días por ayudar a un familiar con la confirmación de su borrador de renta llamé al teléfono 901 correspondiente. Cual sería mi sorpresa cuando al contestarme el sistema automatizado me dice: si desea ser atendido en castellano marque 1, en catalán marque 2 y así sucesivamente. Ni que decir tiene que no solo no tengo nada que objetar en que cada contribuyente elija el idioma en el que desea ser atendido, sino que me parece un logro importante y una muestra de la sensibilidad –y de exquisito cumplimiento del artículo 3.3 de nuestra Constitución- de la administración por la pluralidad lingüística de los ciudadanos. Ahora bien, resulta que la equidad no es tratar a todos por igual, sino tratar desigual a los desiguales y en esto del idioma en España ni hay ni debe haber igualdad.

El castellano es el idioma español oficial del Estado que todo español tiene el deber de conocer y el derecho a usarlo. Y los demás idiomas son oficiales también en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Estos dos preceptos se encuentran también recogidos en el mismo artículo constitucional citado en el párrafo anterior, en sus puntos 1 y 2, respectivamente. Pero como decía, la labor “educativa” de Zapatero en esta materia está dando sus frutos. Así al dar la noticia de la bendición Urbi et Orbe impartida por el Papa el domingo,  la locutora de Televisión Española dijo que había pronunciado la felicitación pascual en más de 70 idiomas, “incluyendo el guaraní, el esperanto y el español”. Toma ya, la tercera lengua más hablada del mundo colocada a niveles de curiosidad lingüística. ¿Se han conseguido logros o no en esta materia durante los años de Zapatero?

Es decir, que no tengo nada contra las lenguas de las diversas Comunidades Autónomas y que alguna he utilizado, leyendo en escritura fonémica,  por iniciativa propia. A lo mejor hoy en día no lo haría; es posible que más bien no. Pero solo por esto que ha conseguido nuestro presidente, que se ponga el castellano –el español se denomina en todo el mundo, el nombre de castellano se introdujo en la Constitución por aquello de los equilibrios con los nacionalistas y el consenso, todavía tengo memoria para recordarlo- al mismo nivel que las demás lenguas propias de distintas Comunidades Autónomas.

Porque a pesar de lo que dicen constantemente la mayoría de los medios de comunicación y muchos políticos –incluso alguno de la derecha- no hay lenguas cooficiales de España. No las hay y la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico no las contempla. El castellano no es una lengua cooficial de España. Hay lenguas cooficiales en algunas Comunidades Autónomas, pero no en el conjunto de España. Ni en el conjunto del Estado como algunos denominan a nuestra Nación. Por mucho que en el Senado se haya introducido –no gratis precisamente- la traducción simultánea y algunos pretendan que ocurra lo mismo en el Congreso de los Diputados. Lo que me extraña es que todavía ningún presidente de una Comunidad Autónoma con lengua propia hay exigido en su entrevistas con Zapatero el intérprete, porque seguro que decía que sí y que lo pagaba con los presupuestos de la Presidencia del Gobierno. No tengo ninguna duda.

Por ello, y volviendo hacia atrás, el contestador de la Agencia Tributaria debería omitir lo que hay que marcar para seguir siendo atendido en castellano (español). Lo lógico es ser atendido en la lengua común y el que desee serlo en otra es el que debería marcar su opción.  De todas formas, acepto perfectamente que cualquier órgano administrativo de una Comunidad Autónoma con lengua propia contestara –de hecho ya lo hacen la mayoría- en la lengua de esa comunidad y diera la opción de elegir el castellano (español), aunque en puridad debería contestar primero en castellano como lengua española oficial del Estado que todo español tiene el deber de conocer, pero mi sentido pragmático me incapacita para rebelarme contra esto.

Ahora que Zapatero está de salida y, de vez en cuando, se habla de la necesidad de un pacto de Estado por la Educación tal vez sea el momento de empezar a plantear en toda España la obligatoriedad de la enseñanza bilingüe (trilingüe en alguna Comunidad Autónoma) en inglés. Como ya hace el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, con muy buenos resultados.

Porque el español (castellano) es la tercera lengua más hablada en el mundo pero las tecnologías que deben sustituir al ladrillo (Zapatero dixit) “hablan” inglés  y el antiguo sueño del esperanto como lengua universal de comunicación ha sido sustituido por el inglés, pero no como una utopía sino que constituye una auténtica y creciente realidad. A los que siguen soñando con su idioma propio para que el resto del mundo se comunique con ellos les recomiendo leer la última novela de Vargas Llosa, “El Sueño del Celta”.

Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com

Congresos sanitarios y crisis

Se acerca el mes de mayo y por tanto la época de inicio de la temporada alta de congresos y reuniones médicas y de enfermería, e incluso de gestores sanitarios y otras profesiones relacionadas.

Hay que reconocer que aquellos congresos multitudinarios, en lugares paradisiacos y con un programa social completísimo y actividades paralelas para las mujeres acompañantes ya han pasado a la historia. Afortunadamente las mujeres ya no son mayoritariamente acompañantes sino congresistas y además los códigos éticos de la industria han reconducido estas cosas. Bien es verdad que todavía existen reuniones y convenciones en lugares de máximo interés turístico y con todo lujo de detalles, pero son de un limitado número de asistentes y más la excepción, llamativa y muy comentada, pero excepción al fin y al cabo. Creo que en esto Farmaindustria ha marcado una impronta  que se suele cumplir, más que por convencimiento de algunos laboratorios por las posibles denuncias de la competencia. Al fin y al cabo muchos llevan un vigilante dentro de sí mismo. Afortunadamente, opino, en estos casos.

Ahora bien, la nómina de reuniones, simposios, convenciones, jornadas, etc. sigue aumentando y es una consecuencia también de nuestro estado autonómico. Rara es la especialidad que no dispone de una sociedad científica en cada Comunidad Autónoma. Lo que muchos no saben es que no surgieron, en una buena parte, por el mero interés científico y de intercambio de conocimientos entre los especialistas de una región determinada. No, en absoluto, y lo digo con total conocimiento de causa por haber acudido a la asamblea fundacional de una sociedad científica autonómica. Surgen, en una gran parte mayoría, al albur de las convocatorias de concurso-oposición convocadas por las distintas administraciones sanitarias en cuyos tribunales había (o hay) representantes de las sociedades científicas y de los sindicatos en ocasiones. Y bien con intención de contribuir a la endogamia en muchos casos o en otros de evitar que acudieran representantes de la sociedad nacional con su candidato cogido del brazo, se crean las sociedades regionales que, incluso, se han multiplicado según las distintas “sub o superespecialidades” de las mismas.

En cualquier caso, si se ven los programas de los congresos, llama la atención que en época de crisis las cuotas de inscripción superen en muchos casos los 400 euros,  y la noche de hotel los 120 euros habitación doble de uso individual. Lo que todo el mundo sabe es que son muy pocos los que abonan la inscripción, alojamiento y viaje de su propio bolsillo. La gran mayoría estos gastos corren a cuenta de la industria y en una pequeña parte de la administración sanitaria en la que trabaja el congresista.

También sorprende que, en la situación en la que nos encontramos, se sigan celebrando congresos de cuatro días que pueden llegar a cinco con las actividades –científicas- pre o post congreso. Pero sobre todo asombra que muchas mesas redondas estén patrocinadas –además de la parte alícuota que tienen en el patrocinio general- por la propia industria y no se hagan constar los posibles conflictos de interés. No hace mucho vi un programa de un congreso con una mesa redonda sobre la seguridad con las vacunas patrocinada por un laboratorio con especial dedicación a las mismas.

Pero la pregunta que me hago -y que me ha motivado a escribir este post- es como se sostiene la gran deuda que tiene el SNS con los proveedores y que estos gasten considerables cantidades de dinero en el patrocinio de estos congresos. Afortunadamente considero que tengo una inteligencia media y me doy a mí mismo muchas respuestas, y estoy seguro que alguna de ellas acertada. Sin embargo, una cuestión  que no logro contestarme, es como pueden organizarse congresos o reuniones científicas con comités organizadores que superan con creces los 50 miembros. A ver si algún lector experto en gestión organizacional  tiene la amabilidad de explicármelo y consigo entenderlo.

Ahora bien, lo que nunca he logrado saber, y me gustaría conocer, es que parte de esa deuda del Sistema Nacional de Salud está generada por el hipotético incremento de precios de los productos y fármacos que la industria puede que realice para, por un lado compensar los costes financieros de la morosidad de nuestros Servicios de Salud y, por otro, sufragar la formación continuada de los profesionales. ¡Ah! por supuesto, los intereses por morosidad se reclaman y se pagan, y sí eso que me gustaría saber fuera verdad, entonces resultaría  que estamos pagando algo parecido a un “pseudoanatocismo” y que la crisis de la financiación sanitaria afecta a unos más que a otros. Cosa que, por otra parte, no sería más  que un reflejo de la sociedad en general.

Pemeches Juspi

pemechesjuspi@gmail.com

¿Semana de pasión para España?

La Semana Santa tradicionalmente también se ha denominado en España Semana de Pasión debido a que lo que se conmemoraba fundamentalmente en ella era la pasión y muerte de Jesucristo. Era y, en gran parte sigue siendo, una manera distinta de recordar los acontecimientos que se celebran en estos días en torno al que los católicos consideramos Hijo de Dios, opuesta a la tradición cristiana centroeuropea de celebrar más la Pascua de Resurrección. La cultura de la  muerte y el oscurantismo siempre ha sido más intensa en España que en esos países y de ahí la diferencia.

Y viene esta introducción porque ayer, lunes santo en la terminología cristiana, España ha vuelto a la realidad de semanas anteriores en cuanto a los asuntos de la deuda. ¿Habrá comenzado una semana de pasión para nuestra incipiente recuperación macroeconómica? Hay muchas probabilidades de que así sea y además el jueves no es festivo a efectos bursátiles por lo que no cabe el alivio de que solo quedan dos días hábiles en la semana. Y, por otra parte, sigo percibiendo un importante oscurantismo del gobierno de Zapatero sobre la situación real, fundamentalmente en cuanto a las necesidades de las cajas y al impacto de la subida de tipos sobre nuestra deuda.

El caso es que ayer no tuvimos ninguna buena noticia. Voy a hace una relación sinóptica no cronológica, para que sea más fácil de leer y seguro que dejándome alguna en el teclado:

• El coordinador económico del Partido Popular ratifica a Aznar y dice que España ya tiene dificultades para pagar la deuda.
• El “Wall Street Journal” publica que “aaunque no hay duda de que España está en mejor forma que los rescatados, está lejos de ser una apuesta sólida para evitar la necesidad de ayuda"  y lo fundamenta en que las previsiones del gobierno están por encima de las de los organismos internacionales y del propio Banco de España (en el que tiene obligación de creer Zapatero, según sus propias palabras), así como en el elevado índice de paro, la subida de tipos, la inflación y el poco peso de nuestras exportaciones (al contrario de lo que calcula Elena Salgado) y, además, una parte considerable de las mismas son a Portugal.
• En la subasta de deuda de ayer se colocó el mínimo previsto pero con un interés el 38% mayor que en la última subasta.
• Ese interés ha alcanzado el 5,596% en los bonos a diez años; el mayor desde octubre de 1999, y no hay que olvidar que hasta 2002 no tuvimos las monedas y billetes de euro a nuestra disposición, aunque en ese mes de octubre el euro ya fuera moneda de curso legal.
• La prima de riesgo o diferencial de la deuda con el bono alemán se ha situado en 231 puntos básicos.
• La Unión Europea ha tenido que reconvenir a Finlandia por su amenaza de no respaldar el rescate a Portugal.
• Los rumores sobre la posible reestructuración de la deuda griega se han incrementado, aunque el gobierno heleno lo ha desmentido y el alemán dice que tiene que creérselo. Demasiados malos antecedentes para que la presunción de veracidad sea aceptada por los mercados.
• El Euribor ya ha superado el 2,10%.
• Se conoció también que la morosidad subió en febrero al 6,15% y los activos dudosos en manos del sector financiero asciende a casi 108.000 millones de euros. Las probabilidades de mejora en marzo son nulas, puesto que el Euribor no ha dejado de subir, y el tipo de interés y el paro también se incrementaron.
• Standard & Poor`s ha rebajado a negativa la perspectiva de Estados Unidos y ha advertido de un 33% de posibilidades de bajar la triple A en dos años. Esto, que es una desgracia para todos, será aprovechada por Zapatero y sus palmeros para volver a decir que nosotros no tenemos casi ningún  problema propio, que toda la crisis es consecuencia de la situación internacional.
• Como consecuencia de todo ello el IBEX 35 vuelve a caer por encima del 2% y ha perdido los 10.400 puntos. ¿Se acuerdan cuando superó los 15.600? No hace tanto tiempo, en octubre de 2007.

Además tenemos el error de comunicación de La Moncloa con los 9.000 millones que iban a invertir los chinos en las cajas de ahorro y si se le culpa a Aznar de haber aportado algo al mayor coste de colocación de la deuda ayer, Zapatero, al tener más responsabilidades, tiene mayor parte. Aunque, como muy bien explicaba un lector del blog en un reciente comentario, no son lo más importante las declaraciones sino la reestructuración de la deuda griega (aunque lo nieguen) y ahora el recate de Portugal y las posibles nuevas dificultades que va a tener, y esto va a afectar, y mucho, a las economías en riesgo como la nuestra.

Por otra parte hay un aspecto positivo de todo lo sucedido ayer. En primer lugar que Rajoy manifiesta su convencimiento de que no vamos a necesitar un rescate –estoy seguro que Merkel le ha orientado en su reciente visita- y, sobre todo, que estoy convencido que Estados Unidos se va a poner inmediatamente a hacer sus deberes. En cualquier caso USA está creciendo al 3% y nosotros ya veremos a cuánto.

Difícil lo tenemos. Como dice el proverbio romano: de nihilo nihilum y aunque ahora despierte más simpatía, la permanencia de Zapatero nos augura no una semana de pasión, sino un año trágico, aunque toda la culpa no sea suya, ni mucho menos. Si lo es haber negado que lo que está ocurriendo fuera a suceder en España y, en esto, la historia no tendrá ninguna benevolencia con él.

Pemeches Juspi

pemechesjuspi@gmail.com