Geriatría, centros de salud y políticos en campaña

Ayer en el excelente blog “Atensión Primaria” se publicaba una entrada de José Luis Quintana sobre los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) en los que venía a decir que no debería haber nadie mejor que su médico de toda la vida para atender al enfermo terminal. Recomiendo encarecidamente su lectura.

Y cuál no sería mi sorpresa cuando a continuación leo en el diario “El País” un cuestionario enviado a los candidatos a la presidencia de la Comunidad Valenciana en el que se les plantean tres preguntas. Una de sanidad, otra sobre la posible privatización de la televisión autonómica y otra tercera sobre la fiscalidad de las viviendas vacías.

La pregunta sobre sanidad es “¿establecería unidades de geriatría específica en los centros de salud?” Primera sorpresa para mí por la pregunta, ¿a quién se le habrá ocurrido? Pero esta no es nada cuando se leen las de los candidatos

El candidato del PSOE, Jorge Alarte contesta:

Sí, la medicina geriátrica es uno de los grandes retos y creo que necesitamos de todo, necesitamos centros de día públicos al servicio de los ciudadanos, necesitamos una verdadera red de centros asistenciales para mayores y necesitamos mucha más medicina geriátrica. Todo lo que sean servicios públicos en esta Comunidad necesitamos más porque Camps y el PP los han abandonado.

Enric Morera, de Compromis:

Sí, dado que la atención a los mayores debe ser integral y cerca de su entorno familiar y vecinal. La configuración de una red geriátrica en los centros de salud favorecería una mejor atención tanto de la salud física como emocional e intelectual. El coste de la implantación de estos centros es perfectamente asumible si se reducen externalizaciones sanitarias y los sobrecostes en la construcción de infraestructuras sanitarias.

La candidata de EU, Marga Sanz:

Sí. La población mayor de 65 años supera el 16% del total, y las personas mayores de 85 años representan cerca de un 2% del País Valenciano. Con el paso de los años ven disminuir sus funciones vitales, especialmente la renal y hepática, y aumenta el número de patologías, siendo atendidas por especialistas. Ello hace necesario la intervención de los geriatras que se ocupa de su salud como un todo relacionado, y nada más idóneo para ello que este servicio se ubique en los centros de salud.

Y por último, Francisco Camps del Partido Popular:

No hay nada más importante que las personas, y por eso en nuestro caso invertimos ocho de cada diez euros en políticas sociales. La sanidad, la educación y el bienestar de los ciudadanos es nuestra prioridad, y prueba de ello en lo que afecta a nuestros mayores es que hemos multiplicado el esfuerzo duplicando las plazas residenciales y cuadruplicando las de atención diurna para mayores

¿Qué les parece a Vds.? En mi opinión tienen todos una importante “empanada mental” y precisan urgentemente tener algún asesor cualificado y conocedor de lo que son la Atención Primaria y los centros de salud.

El primero, PSOE, contesta que sí, faltaría más pero demuestra que ni sabe lo que es un centro de salud ni la geriatría. Solo el discurso de que todo tiene que ser público y al servicio de los ciudadanos. ¿De quién si no?

El de Compromis demuestra que hace honor al nombre de su formación y que le han puesto en un compromiso. Dice que una red de medicina geriátrica en los centros de salud. Tampoco entiendo que tiene que ver las externalizaciones con esto.

La de EU no parece conocer muy bien cuáles son las patologías más frecuentes en la senectud. Sí acierta en cuento considera que los geriatras se ocupan de la salud como un todo y, por supuesto, está segura de que tiene que ubicarse en los centros de salud, al igual que los otros dos anteriores candidatos.

Y en cuanto a Francisco Camps responde sobre el incremento de plazas asistenciales para mayores  y no se moja en cuanto a lo de los centros de salud y la geriatría.

Eso sí, ninguno de los tres ha nombrado a los médicos de familia. Parece que no existen, luego nos asombramos que en la convocatoria MIR queden plazas sin cubrir. Yo, por mi parte, opino que los médicos de familia tienen suficiente capacidad para atender a los pacientes ancianos y derivarlos cuando así sea necesario tanto a un especialista –que puede ser un geriatra u otro- como a recursos de apoyo sociosanitario como centros de día, ayuda a domicilio, etc.

Como dice la entrada del blog que he citado en el primer párrafo, lo que hay que hacer es descargar de trabajo burocrático al médico y de todas las múltiples funciones que hace en lugar de dedicarse a lo esencial, el acto médico. Parafraseando a ese post, el médico de familia está más preparado para atender a un anciano que para dar el parte de confirmación de baja de una meniscectomía. Y como los lectores habituales saben, soy cirujano ortopédico y no médico de familia, pero ante todo Caesar caesaris, deus dei.

Lo que espero es que el que gobierne en la Comunidad Valenciana –parece que no hay duda que va a ser Camps- nombre un consejero de Sanidad que se rodee de personas competentes y que escuche a todos los profesionales implicados –no solo a los geriatras, aunque tienen todo el derecho del mundo a buscar nuevos ámbitos de actuación y sus consiguientes puestos de trabajo- antes de tomar decisiones como las que algunos de los candidatos, no Camps precisamente, responden a la pregunta. Por cierto, la utilidad de los centros de día generales y específicos de Alzheimer es muy alta y la respuesta de Camps apunta a que se ha trabajado en ese aspecto. Creo que es más importante incrementar su número (cuando dispongan de recursos para ello) que reinventar la atención primaria en el sentido propuesto por la pregunta de ese cuestionario.

Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com

Candidato con promesas totalitarias

Seguimos en campaña electoral, situación en la que ya sabemos que algunos partidos políticos siguen la doctrina del Viejo Profesor, D. Enrique Tierno Galván, de que las promesas electorales están para no cumplirlas. Y algunos, que eran poco más que adolescentes, en aquella época ahora prometen cosas que no van a poder cumplir por la situación económica actual o directamente nos aseguran cosas que se dirigen contra lo que considero el principal logro de la democracia, la libertad.

Es curioso que algún candidato del PSOE esté yendo por esos derroteros cuando tuvo el coraje y la simpatía de una buena parte de los ciudadanos por haberse enfrentado a Zapatero y al aparato del PSOE. Me refiero, como Vds. ya habrán captado, al candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez. Aquel de quien dijo Rubalcaba que no tenía más mérito conocido que haberse enfrentado al presidente del gobierno, forzando al partido a convocar elecciones primarias al no aceptar dejar paso a Trinidad Jiménez.

Es posible que su actitud en esta campaña sea la del que se da perdedor por anticipado y desea, ante todo, hacerse notar y disfrutar el tiempo regulado por la normativa electoral de aparición en los medios de comunicación como múltiples “minutos de gloria”. Sin importarle siquiera demasiado el “maquillar” su currículo, por no decir directamente que mentir sobre el mismo. Como asegurar que se formó en la escuela pública y luego ha salido el director del colegio al que acudió asegurando que era privado y la cantidad –módica- que pagaban sus padres. Esto lo rebatió Gómez explicando que entonces no existían colegios públicos en Parla y a continuación algunos medios de comunicación publican la lista de los que tenía el Ministerio de Educación (competente en aquella época). Como viene a decir dice un refrán irreproducible en los tiempos actuales, es de lo más fácil coger a un mentiroso. También ha hecho algún “arreglillo” en su currículo docente; pecata minuta.

También sorprende que acuse a Esperanza Aguirre de privatizar todo cuando en su época de alcalde de Parla hacía la misma política. Falsa privatización en todo caso, porque considero que cuando la financiación es pública y el acceso igual para todos los ciudadanos no hay privatización, pero no es ese el objeto de esta entrada.

Una de las cosas que más me ha sorprendido en su campaña es la de prometer incremento del gasto como la universalización de la enseñanza infantil hasta los 3 años (lo de 0 a 3 años me suena mal) tal y como está el patio económico y eso que Madrid es una de las Comunidades Autónomas con posibilidad de endeudarse más, y la extensión del abono transporte a prejubilados. Supongo que ambas cosas las tendrá cuantificadas, porque no se puede decir que se dará plaza gratuita a todo el que la solicite sin saber si es posible y en cuanto a los prejubilados habría que hacerlo en función de niveles de renta. Tanto que él dice que va quitar regalos fiscales a los ricos, parece que no sabe que hay también hay prejubilados con muy alto poder adquisitivo y no me refiero a los de los ERES andaluces precisamente, que todo conviene aclararlo. Y en cuanto a aclaraciones decir que también soy partidario de que la enseñanza infantil sea gratuita y universal, pero creo que en estos momentos es imposible de asumir. No creo que Merkel nos deje llevarla a cabo en los años inmediatos.

Sin embargo, lo que por encima de todo me horroriza del programa del PSOE para la Comunidad de Madrid es la falta de respeto por la libertad. Muchos me han oído decir que “vivo por, de y para la sanidad pública”, lo que expresaba una realidad en todas y cada una de esas preposiciones y por tanto mi compromiso y preferencia absoluta por la esa sanidad. Pero antes de eso está mi apuesta por la libertad.

Y que Tomás Gómez diga: “los hijos de quienes formen parte de mi gobierno irán a la enseñanza pública, y sus familias no tendrán otra sanidad que la pública”  atenta contra los derechos de quienes fueran a formar parte de ese gobierno y, sobre todo, se arroga un poder totalitario sobre esos consejeros (y consejeras supongo) y, lo que es mucho más grave, sobre los hijos de los mismos, algunos de los cuales serán menores de edad. Un “progresista” defensor teórico de la libertad individual regulando la vida privada de los miembros de su hipotético gobierno y las familias de estas. Parece Dª Carmen Polo de Franco indicando al Dictador lo que tenía que hacer cada ministro a nivel personal. ¡Cosas veredes!

Ahora bien, en su incontinencia de campaña ha cometido un desliz contra sus propio discurso, ha reconocido que la educación y la sanidad pública funcionan muy bien en la Comunidad de Madrid. Parece, por tanto, que mejor que cuando falleció Tierno Galván -gobernando Felipe González- que lo hizo en una clínica privada. Nunca Esperanza Aguirre creo yo que hubiera esperado tal reconocimiento y los sindicatos que tanto defienden el sistema Muface para los funcionarios tal varapalo.


Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com

Asustar infundadamente a los ciudadanos

En el reciente debate televisivo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata por el Partido Popular, Esperanza Aguirre, y el candidato del PSOE, Tomás Gómez, este mostró una carta de la SEOPAN firmada por su presidente y anterior director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, David Taguas, dirigida al Consejero de Sanidad. En ella la patronal de las constructoras -muchas son concesionarias de los nuevos hospitales tipo PFI de la Comunidad de Madrid- advertían de un posible colapaso de las concesiones si no se llegaba a un acuerdo en ciertos puntos, debido a ciertas cuestiones sobre la financiación de las mismas.

La misiva es de fácil acceso en cualquier medio de comunicación y lo primero que llama la atención es que es una fotocopia con el registro de entrada en esa Consejería. Por tanto ha habido algún funcionario que, presuntamente, ha cometido un delito de infidelidad de custodia de documento público porque no iba dirigida la carta a Tomás Gómez ni a ningún medio de comunicación, ni constaba tal advertencia por parte del remitente. Es más, con posterioridad Taguas se ha dirigido a la Comunidad de Madrid para lamentar el uso que se ha dado a un escrito dirigido exclusivamente al Consejero.

El revuelo ha sido considerable y ha obligado hoy a Esperanza Aguirre a decir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que van a estudiar si hay que “reequilibrar” las concesiones de los siete nuevos hospitales porque la Administración cumple la ley. En todo caso me gustaría conocer que opinaría cualquiera si en un debate se presentara un escrito donde constara lo siguiente:

En lo que se refiere a la cuenta 476, el Hospital realiza los ADOK y OEK en tiempo y forma, y que el presupuesto para cotizaciones de la Seguridad Social asignado no se ajusta al real para las tarifas de las personas presupuestadas. En efecto, en el Contrato por que es el que rige la financiación del Hospital, las cuotas de la Seguridad Social están calculadas a un 25%, si bien este porcentaje se acerca al real para el caso del personal con plaza en propiedad, es muy inferior al del personal contratado, que ronda el 31%. Este hecho supone un déficit crónico en la financiación de las cuotas especialmente para la Formación Postgraduada, donde todo el personal cotiza al tipo superior.

Una situación gravísima, por supuesto y que pone en grave peligro la existencia de los Médicos Residentes con el consecuente deterioro de la calidad asistencial. Máxime si eso va unido a problemas de personal como sigue diciendo el escrito:

En la Resonancia Magnética se han incluido 1.050 exploraciones propias lo que implicaría la financiación comprometida de 2 F.E.A., 4 T.E.R. y 2 D.E. y que se nos comunicó en la reunión de negociación que se llevaría a cabo a partir de la entrada en funcionamiento del equipo. Esto ha tenido lugar hace tres meses y continuamos sin esa financiación.

Y ni que decir tiene cuando se puede leer también lo siguiente:

No compartimos la teoría de la necesidad de formalizar un documento RC en los casos de contratos plurianuales, puesto que el importe de la correspondiente anualidad fue fijado en el contrato adjudicado el año anterior, por ello debe formalizarse un documento AD a favor de la empresa adjudicataria y emitir en los correspondientes plazos de vencimiento los oportunos OK si el servicio se ha prestado de forma satisfactoria

En opinión de Tomás Gómez seguramente una situación muy preocupante y de extrema gravedad que pone en grave peligro la sanidad pública y sin duda va a dejar desasistida a la población atendida por ese hospital.

Pues no, porque esos párrafos están entresacados de un documento de hace catorce años, el hospital ha ampliado su plantilla y cartera de servicios, ha experimentado cambios arquitectónicos y sigue prestando atención sanitaria de máxima calidad y continua siendo público.

Quiero con esto decir que lo que viene a reclamar la carta de la SEOPAN es lo habitual en todos los hospitales de nuestro país por varias y múltiples razones. La principal, que los presupuestos no son reales y que la liquidación final no suele ajustarse al presupuesto inicial, y –no sé exactamente si es el origen o la causa- que la inmensa mayoría se rigen por procedimientos administrativos y no de gestión y la atención sanitaria precisa una agilidad de respuesta que es muy difícil de encajar en la normativa administrativa. Por eso la proliferación en los últimos tiempos de los hospitales fundaciones, empresas públicas, concesiones administrativas o tipo PFI.

La carta de la SEOPAN viene a decir que se adeuda a las concesionarias de los hospitales tipo PFI en torno a los 80 millones de euros y que debe aumentarse el canon anual en 9,2 millones de euros. Algo parecido –con otras cantidades- a lo que el gerente que escribió los párrafos citados más arriba a la Dirección General del INSALUD expresaba al finalizar su escrito.

Ha cambiado el Plan General de Contabilidad y por tanto la TIR de los accionistas disminuye al cambiar de activo inmovilizado material a activo financiero las infraestructuras. No me parece mal en los tiempos actuales el que en vez de una TIR del 11,22% al 7,61%. Ya me gustaría a mí ser inversor de algo con esa TIR, pero si en el contrato se recogió –que no lo conozco- la primera TIR, la Comunidad y las concesionarias tendrán que sentarse a negociar en función de las posibles cláusulas de salvaguarda –que seguro que existen- del contrato.

Otras cosas que reclaman son modificados en la obra y luego en la fase de explotación. Lo de toda la vida de los hospitales, que siempre están en obras. La diferencia es que con régimen administrativo no se puede hacer pidiéndole a la constructora que lo haga y ya se la pagará, sino que lleva un complejo procedimiento que puede llegar al Consejo de Ministros (de Gobierno en las CC.AA.). Una de las razones por las que la construcción de un hospital dura tantos años. Parte del “milagro” de la rapidez de puesta a disposición del centro en los modelos PFI sin duda surge de esa nueva manera de actuar. Está claro que hay que pagarlo. Pero no hay nada nuevo bajo el sol en esto de los modificados.

Que hay más actividad hay más gasto. Antes iba al déficit del contrato de gestión del hospital y por elevación podía llegar al déficit del Estado o de la Comunidad Autónoma. Ahora las concesionarias reclaman lo que se han gastado de más por encima del contrato. Y si el IVA ha aumentado habrá que ver que recogía -si es que lo hacía- el contrato en tal aspecto. Además, parece, que hay diversas interpretaciones sobre que tipo aplicar en función de la prestación llevada a cabo por las concesionarias.

En conclusión con independencia de las posibles ventajas o inconvenientes de los modelos PFI y de las concesiones administrativas de hospitales que precisan un estudio en profundidad según ya he comentado en una entrada anterior, algunos políticos deberían aprender que asustar infundadamente a la población con temas de especial sensibilidad como es la salud, no conduce a nada y puede volverse contra ellos. Creo que ayer Esperanza Aguirre ha demostrado suficiente cintura al comunicar que se va a estudiar a fondo la carta de Taguas, al cual le honra también el haber comunicado su malestar por la espuria utilización de la misma que ha hecho Tomás Gómez.

Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com

Preparando una nueva foto

En las últimas semanas parece que la situación económica ha pasado a segundo plano en nuestro país, debido en gran parte a que lo que prima es la información sobre la campaña electoral y a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Bildu. Sin embargo, en los tres últimos días han empezado a surgir de nuevo abundantes informaciones provocadas por la situación de Grecia y las insinuaciones, más o menos veladas, por parte de algunos agentes de que España se está durmiendo y sigue sin terminar de concretar actuaciones necesarias están empezando a proliferar.

El propio Mariano Rajoy ha advertido en palabras más contenidas que las del responsable económico del Partido Popular –que ha llegado a decir que España está al borde del precipicio- sobre los nuevos riesgos que podemos tener que afrontar si el drama griego no se soluciona satisfactoriamente, aunque ha vuelto a descartar que precisemos un rescate. Sin duda ha actuado responsablemente dentro del fragor de la dialéctica de campaña electoral.

En otras palabras no ha dicho tonterías como ha ocurrido con Zapatero en Santander –donde tuvieron que adelantar el mitin para evitar que coincidiera con un partido de fútbol trascendental para el equipo local y se encontrara prácticamente solo- donde ha manifestado que a él no se le puede reprochar haber llevado a cabo recortes sociales porque no los ha hecho. Y se ha quedado tan tranquilo. Es más, ha dicho ayer en el Congreso que ha aumentado la renta familiar durante sus legislaturas. Supongo que la de los miembros de los consejos de las Cajas en situación crítica y de algunos de sus colaboradores que hayan pasado del paro a tener un puesto de asesor, porque no creo que se refiera a las familias de los casi cinco millones de parados. ¡Hay que tener caradura!

Zapatero no quiere abandonar el poder dejando al PSOE hecho trizas –lo que por otra parte sería nefasto para España- y vuelve a convertirse en el personaje frívolo que ha sido siempre. Frívolo pero con todo el poder y por tanto muy dañino para los intereses comunes. Y ya veremos cómo responde a la carta de los “mediadores” internacionales (¿quién los paga?, creo que todos nosotros) que le piden que el Tribunal Constitucional legalice a Sortu. Ya ven, hasta esos personajes consideran que el presidente del Gobierno tiene capacidad de influencia ante el Constitucional.

Como digo, no se resiste a pasar a la historia como el “enterrador” del poder autonómico y local del partido socialista y ha vuelto a pensar que lo importante es la foto y que, si además, se le añade cierta dosis de misterio y de información a cuentagotas, todo el mundo va a estar pendiente de él y de su inmensa preocupación por solucionar los problemas de nuestro país.

Lo de la foto sin duda ha colado más de una vez y ahora ha debido de pensar que ni el “Financial Times” ni nadie le va a acusar de no estar poniendo toda la carne en el asador, y mucho menos a diez días de las elecciones autonómicas y municipales (por cierto, con 5 nuevos municipios mientras que a Portugal se le exige reducir su número en las condiciones del rescate; ya comenté lo de los ayuntamientos en un post anterior).

Y por tanto decide ponerse a la cabeza de la negociación colectiva anulando un viaje a Oslo, donde los partidos de centro izquierda europeos se van a dar ánimos mutuos ante la progresiva pérdida de confianza que están sufriendo ante sus respectivas ciudadanías. Así que gastos de viaje que nos hemos ahorrado, afortunadamente. Y los responsables de comunicación de La Moncloa lo hacen como si estuvieran preparando una fiesta-sorpresa infantil. Primero que lo suspende por cuestiones de agenda surgidas de nuevo, luego para mantener una reunión en clave nacional, posteriormente una reunión inaplazable sobre reformas económicas. Y a las pocas horas, cuando se han creído que ya todo el mundo estaba en ascuas nos comunican que es para dar un impulso a la negociación colectiva entre la CEOE y los sindicatos.

¡Qué peligro! Zapatero no tiene nada que perder y su participación directa en esa negociación es un riesgo, porque existe el riesgo de que no vaya a mantener una posición ecuánime en función de los intereses nacionales (de España, que con él de por medio conviene aclararlo). Su tendencia a apoyar a los sindicatos –nunca han estado tan subvencionados en nuestro país como en sus legislaturas- introduce un importante riesgo de desnivelación del posible acuerdo. Acuerdo que urge y que tanto sindicatos como patronal habían decidido, al parecer, cerrar este mes. Lo cual ya está bien, porque llevan un retraso más que considerable que está pasando factura en términos de empleo y de credibilidad de los mercados, pero tal como están las cosas no me parece mal que lo hubieran dejado para después del 22-M.

Está foto tan “sorpresivamente” preparada me hace estar alerta. Una gran parte de los votantes ya tienen decidido su voto y una actuación de este tipo no les va a cambiar el sentido del mismo a la mayoría de ellos. El problema es que como Zapatero ha vuelto a pensar solo con mentalidad “ideológica” nos conduzca a un acuerdo que empeore más nuestra situación. Espero equivocarme y que la foto no pase a ser record guinnes por su coste.

Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com

Apuntes sobre la prescripción enfermera

El viernes pasado Fidel Codex publicaba una entrada en el blog sobre el copago sanitario que defienden el 86% de los médicos de primaria, de acuerdo con un estudio de la Sociedad Española de Medicina General (SEMERGEN). Ha habido varias comentarios míos a ese post y a ellas remito para no extenderme demasiado.

El copago no es más que una pequeña parte de ese estudio, aunque sea el tema que ha monopolizado casi todas las informaciones aparecidas sobre el mismo en los medios de comunicación, dejando sin reseñar otros asuntos posiblemente más importantes tanto en cuanto afectan directamente a los profesionales sanitario y dependen directamente de ellos, mientras que el copago es una decisión económico-política que solo deben tomar los políticos con responsabilidades en la materia.

Como digo el estudio es muy amplio y hoy quiero llamar la atención sobre la prescripción enfermera, auténtico “casus belli” de algunos líderes (no asistenciales en su mayor parte) enfermeros y de menor interés para los profesionales de base. Que siempre han aplicado diversos fármacos y tratamientos; de hecho he aprendido mucho del personal de enfermería cuando estaba en formación. Todas las enfermeras que hacen atención directa al paciente toman desde siempre decisiones sobre diversos medicamentos y productos sanitarios, en una buena parte para tratamiento de lesiones como las escaras, ostomías, así como analgésicos y otros fármacos de uso común.

El caso es que el Consejo General de Colegios de Enfermería ha desarrollado una importantísima campaña similar a las de “lobby” norteamericano y conseguido que se modificara la Ley del Medicamento después de varios desencuentros con los partidos políticos y de ir la pelota del Congreso al Senado y vuelta. De tal forma que “las enfermeras, de forma autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios, mediante la correspondiente orden de dispensación”, según recoge tal modificación legislativa.

Como decía “casus belli” convertido en “veni, vidi, vici” por la pasividad del Consejo General de Colegios Médicos, por aquello comentado en la entrada citada de Fidel Codex de los votos y los representados y, ante todo, por la formidable política de comunicación del Consejo General de Enfermería. Y como las cosas se han hecho mal al principio ahora todavía estamos todavía esperando a ver como se dispensan “determinados medicamentos sujetos a prescripción médica por los enfermeros, en el marco de los principios de la atención integral de salud y para la continuidad asistencial, mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, de elaboración conjunta, acordados con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros y validados por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud”, de acuerdo con lo recogido en esa misma modificación del artículo 77 de la Ley del Medicamento.

También el texto legislativo exige la necesidad de acreditación específica de los enfermeros para prescribir esos determinados medicamentos sujetos a prescripción médica. Cursos que sumados a otro complejo sistema de convalidaciones y reconocimientos según la Universidad que convenie darán acceso, además, a la obtención del Grado de Enfermería. Habrá que ver como se financian, quien los organiza y cuál es exactamente la duración. El tiempo nos lo dirá.

Como bien recoge la SEMERGEN, en el estudio «El futuro del SNS: la visión de los ciudadanos», los ciudadanos consultados mostraron un rechazo sin paliativos ante la posibilidad de que los profesionales de enfermería asumieran responsabilidades de prescripción, aunque ésta tuviera lugar bajo la supervisión de los médicos. Sin embargo en el estudio que me ocupa hoy los médicos se han mostrado mayoritariamente a favor siempre que la prescripción sea como resultado del consenso en el equipo sanitario y realizada dentro de un protocolo de actuación. Un amigo me ha comentado que es algo así como la “prescripción democrática postasamblea”, en recuerdo de un movimiento de efímera vida a finales de los 70 que proponía la toma de decisiones terapéuticas (no hablaban de diagnóstico) tomadas por decisión de la asamblea de todos los trabajadores de la unidad asistencial. ¿Por qué no decían nada del diagnóstico?, mejor no menearlo.

Teniendo en cuenta que el Consejo de Enfermería ha vendido hasta la saciedad que la formación actual en farmacología de médicos y enfermeras es similar (falso de toda falsedad y también he sido profesor universitario de enfermería) ya veremos si los médicos terminan dando citas, el nuevo “personal de servicios múltiples” que propone el estudio de la SEMERGEN administrando las vacunaciones, y la enfermería prescribiendo antiarrítmicos. No, esto último no es broma, se considera un tipo de “prescripción colaborativa estandarizada” por el Servicio Cántabro de Salud, dentro de esos protocolos que contempla la modificación del artículo 77 de la Ley del Medicamento.

Por supuesto que conozco que hay países donde está contemplado la prescripción enfermera. Por ejemplo en el Reino Unido. Las Nurses del NHS siempre han jugado un papel fundamental. Creo recordar que fue John Major (escribo de memoria), el sucesor de Thatcher como líder del partido conservador y primer ministro, el que al cerrar una campaña electoral dijo algo así como: “mírenme a los ojos por favor, ¿creen Vds. que el hijo de una nurse del NHS va a desmantelar el mismo?” Sin embargo la prescripción enfermera en el Reino Unido está muy regulada y se requiere una amplia formación y experiencia previa en el campo afecto a la prescripción, como puede comprobarse en este enlace, además de que hay dos tipos de enfermeras prescriptoras. No es objeto de esta entrada hacer un estudio comparativo con lo que va a ocurrir en España, pero aquí los cursos para obtener la acreditación prescriptora tienen una carga de 12 créditos europeos.

Todo por aquello de asignar nuevos roles –es lo que dice el estudio que nos ocupa-sin haber definido y delimitado lo que es el acto médico y lo accesorio o coadyuvante al mismo. De vez en cuando tengo que acudir como paciente a una consulta de un hospital: hay una enfermera, dos auxiliares de enfermería y una auxiliar administrativa, los listados de pacientes citados pegados en la puerta (infracción de la Ley de Protección de Datos, con el objetivo de que los pacientes molesten lo menos posible a nadie de la consulta), y el que acude a la sala de espera a llamar al paciente para que pase a ser atendido es el propio médico. No lo puedo entender.

Habría que haber planteado todo esto de la prescripción enfermera con más calma, sin presiones sobre los políticos, contando con los médicos y llegando a un consenso previo médico-enfermero. Ahora tendremos diecisiete consensos o con un poco de mala suerte ocho, tres o diecisiete enfrentamientos. En todo caso, los que lo tienen muy claro son los laboratorios farmacéuticos y la industria de productos sanitarios. Hace poco en el excelente blog del Dr. Casado leí una entrada sobre el futuro de los visitadores sanitarios. Concluye diciendo que no puede decirnos cuál será el futuro. Yo estoy convencido que tienen un gran futuro con la prescripción enfermera. Absolutamente convencido, hay mucho en juego.

Y de nuevo, nadie con responsabilidades en la Sanidad se acuerda de que lo que hay que hacer ya mismo es devolver al médico su razón de ser: el dirigir y llevar a cabo el proceso asistencial. El devolverle la esencia del acto médico y quitarle las actividades burocráticas. Todo lo demás viene después.

Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com

Peatonalización: apuesta comercial vs apuesta residencial

Cuando hay elecciones inmediatas no es infrecuente que los medios de comunicación entrevisten a personajes más o menos conocidos o famosos para preguntarles diversas cuestiones sobre el tema. Algunas preguntas son francamente insustanciales cuando no estúpidas directamente y la respuesta casi siempre está relacionada con la inteligencia del personaje o con las ganas de hacerse notar, de dar un titular.

Uno de esos personajes entrevistados con motivo del 22-M es la cantante Alaska. A la pregunta de qué haría si fuera alcaldesa por un día contestó que despeatonalizar y que los que viven en el centro tienen que tener las mismas facilidades que cualquiera. Reconozco que es una respuesta que me ha hecho pensar.

Bien es verdad que la tendencia a peatonalizar el centro de las ciudades es, hoy por hoy, imparable y que todos los partidos políticos compiten por prometer más y más peatonalización, algunos sin más y otros, generalmente los de izquierda, acompañadas de tranvía. Luego ocurre lo que ha ocurrido recientemente en Sevilla, donde el tranvía de la zona peatonal ha atropellado a algún viandante.

La peatonalización de los centros históricos es una constante en casi todas las ciudades europeas importantes, sobre todo de las que disfrutan de una considerable afluencia turística. En España se introdujo de manera generalizada a partir de las primeras elecciones municipales democráticas en 1979 en ciudades generalmente gobernadas por la izquierda. Posteriormente se ha ido extendiendo con gobiernos de cualquier signo. Eso sí a las organizaciones ecologistas siempre les ha parecido escasa y han acusado al gobierno municipal de turno de falta de apoyo al medio ambiente.

Como resultado de ello en muchas ciudades tenemos un centro histórico pensado en los visitantes y turistas, en el comercio y en el ocio y, como es habitual en nuestro país, se ha dado la vuelta a la tortilla, como se dice coloquialmente, al sistema de movilidad imperante en nuestras ciudades hasta hace unos años. Es decir, vías preferentes para el tráfico rodado, anillos de circunvalación y aparcamientos subterráneos en los centros históricos.

Ahora lo que prima es lo contrario e incluso el PSOE propone la creación de Calles Mayores comerciales en cada distrito de Madrid como lugares de ocio, paseo, relación social. No dice nada de los que viven en esas calles. En el programa de Gallardón se prometen nuevas peatonalizaciones integrales y se explicita bastante más cómo se va a efectuar la convivencia entre el vehículo y el peatón.

El gran problema de estas políticas de peatonalización es que en España gran parte de los cascos históricos siguen estando habitados y, en buena parte, por personas mayores que han vivido allí toda su vida. Otros son personas jóvenes o, más bien, de mediana edad, con un poder adquisitivo importante y, en buena parte, con lo que se considera filosofía de vida ecológica. Y, el resto inmigrantes que ocupan infraviviendas verticales que siguen existiendo en todas las grandes ciudades, por más que en algunas como en Madrid se hayan desarrollado actuaciones de rehabilitación en la época inmediatamente anterior a la crisis económica actual.

Pero a mí, posiblemente porque voy cumpliendo años y porque tengo amistades y conocidos que viven en el casco histórico y algunos con edad provecta, me preocupa que estas políticas se fijen más en el “diploma de sostenibilidad” que les otorguen ciertos lobbies ecologistas y progresistas y su posterior refrendo en los medios de comunicación, que en las necesidades de los que viven en los centros históricos.

Como he dicho, muchas son personas mayores que van a seguir viviendo ahí el resto de su vida y que cada vez tendrán menos autonomía personal. Y el acceso a sus viviendas puede convertirse en un auténtico problema si se avanza en la peatonalización sin pensar en las necesidades de estos vecinos. Es cierto que hay calles en las que ya prácticamente no hay más actividad residencial que la de establecimientos hoteleros, pero no son la mayoría. En esas no solo no tengo nada que objetar a la peatonalización y al desarrollo de la actividad comercial y de ocio. Pero se debe tener mucho cuidado con la expulsión de los automóviles del resto de calles.

Lo que propone el programa de Gallardón me parece que puede estar pensando en este aspecto, y si no es así todavía está a tiempo –pocas dudas hay de que vaya a revalidar el mandato- de adaptar las distintas promesas de su programa en función de la tipología comercial/ocio y residencial. Para este caso los pavimentos de coexistencia son un mal menor siempre que el tipo de pavimento permita el desplazamiento sin problemas de personas mayores y discapacitados, aunque tienen el mismo riesgo que los de los tranvías que he citado antes. Sin embargo, apuesta personal es por la extensión de las áreas de prioridad residencial como en el barrio de Las Letras y en Embajadores. Es decir, que solo se permite el acceso de los vehículos de residentes en la zona. Roma fue pionera en estas políticas. Eso sí, garantizando los niveles de ruido y el acceso de vehículos de los residentes a todas horas, porque si no dejarían de ser de “prioridad residencial”.

Otro problema que le veo a la peatonalización extensiva es, la excesiva anchura de las aceras por el riesgo de la proliferación del fenómeno del botellón. Aceras anchas pero no todo acera en las zonas residenciales.

Y también queda por resolver en muchas de nuestras ciudades los problemas de acceso a las viviendas allá donde se ha llevado a cabo una peatonalización excesiva. El fomento de la bicicleta está muy bien pero muchas personas que viven en esos lugares están imposibilitadas para hacerlo y no se permite el acceso nada más que a vehículos de urgencia. Ya sé que el PSOE propone “Madrid locos por la bici” pero esas personas a las que me refiero estarían locos si pretendieran usar la bici; acabarían en urgencias. A ver si el gobierno de Zapatero al ver la propuesta de Lissavetzky deja de usar vehículos contaminantes y toma ejemplo de los del Ayuntamiento de Madrid, híbridos e híbridos enchufables en la actualidad. El PSOE apuesta por la bici como método de transporte alternativo, el papel lo aguanta todo. EL Partido Popular y Gallardón como complementario. La lógica centrista frente al slogan socialista.

Tal vez en cuanto empecemos a salir de la crisis habría que pensar en un medio de transferencia desde donde se permita el acceso de vehículos hasta las viviendas. ¿Acaso un sistema de carritos eléctricos como los del golf? No creo que sea descabellado cuando en muchas ciudades hay préstamo o alquiler de bicicletas. Es más creo que debería hacerse ya con una tarifa diferenciada según diversas circunstancias o mejor aún, como cortesía de los establecimientos comerciales a los residentes mayores en aquellas zonas comerciales peatonalizadas donde haya coexistencia residencial.

Considero que es el momento de hacer una apuesta por la utilización residencial de algunas zonas de los cascos históricos. Sin duda los que llevan toda la vida viviendo en ellos se merecen un trato prioritario sobre la utilización comercial y, en ese trato prioritario, es fundamental que puedan acceder sin problemas a sus viviendas, que no tengan contaminación acústica y que sus portales no se conviertan en mingitorios de fin de semana.

Juspi Pemeches
pemechesjuspi@gmail.com

Es necesario reformar el Tribunal Constitucional

Desde que los Príncipes de Asturias tuvieron su primera hija se comenzó a hablar de la necesidad de una reforma constitucional que aboliera la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono. Durante el segundo embarazo de Dª Letizia los comentarios y artículos sobre la necesidad de dicha reforma arreciaron y en los últimos tiempos se ha vuelto a hablar de la conveniencia de la misma por otros temas, fundamentalmente relacionados con el Título VIII de nuestra Carta Magna.

Pocas veces, sin embargo, he visto comentarios sobre la necesidad de tal reforma con relación al Tribunal Constitucional, que a pesar de lo que muchos españoles consideran, no es una instancia más de apelación por encima del Tribunal Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas en los casos de su máxima responsabilidad.

La historia del garante máximo de nuestros derechos y deberes constitucionales ha estado trufada por diversos hechos relacionados con un sospechoso condicionamiento al gobierno de turno, con la excepción de la época de Aznar. Conviene recordar la sentencia sobre la expropiación de Rumasa y el posterior exilio voluntario del presidente del Alto Tribunal, García Pelayo, tras otorgar su voto de calidad para declarar constitucional todo el proceso expropiatorio por presiones del gobierno de Felipe González.

Y qué decir de la actuación del gobierno de Zapatero sobre el Tribunal con motivo del Estatuto de Cataluña, donde se llegó a modificar la normativa para que la presidenta, Mª Emilia Casas, pudiera seguir hasta que se emitiera la sentencia correspondiente más de tres años después de presentados varios recursos. Recuérdese también el abroncamiento en público de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega a Casas en la tribuna del desfile de la Fiesta Nacional.

En los últimos días la decisión sobre Bildu tiene toda la pinta de ser otro ejemplo paradigmático de un Tribunal sometido a las presiones del gobierno de Zapatero con Rubalcaba actuando de máximo representante de la manipulación y del engaño a todos los españoles, aunque también hay quien dice que se oponía a las maniobras de Zapatero. Habrá que dejar el beneficio de la duda por aquello de que es muy listo y sabía que a la mayoría de los españoles no iban a manifestar su apoyo a la legalización. Así lo han mostrado las encuestas y Rubalcaba aspira a suceder a Zapatero. En todo caso no se han guardado ni las formas, hasta en esto se diferencian de la época de Felipe González. Y al igual que sin duda Zapatero aprendió a decir en alemán que estaba a las órdenes de Merkel, casi seguro que para mayor empatía con el PNV terminó diciendo a Urkullu “lasaia Iñigo”. Iñigo tranquilo, que la sentencia del Constitucional será “agradable” tal y como manifestó el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Eduardo Madina, el día anterior a producirse.

 En fin, no voy a entrar hoy en el tema de Bildu salvo para recordar que Hitler también asumió el poder de forma democrática. Lo que si voy a hacer es exponer la necesidad, en mi opinión, de reformar el acceso a la magistratura del Tribunal Constitucional y la composición del Consejo General del Poder Judicial.

Tengo que volver a recordar a Alfonso Guerra y una de sus famosas frases: “Montesquieu ha muerto”. Es muy raro, prácticamente inexistente en realidad, que cuando se comenta algo sobre el Tribunal Supremo, el Constitucional o el órgano de gobierno de los jueces no se añada a cada magistrado una coletilla sobre si es “progresista” o “conservador” e incluso si es del cupo socialista o popular.

 Bien es verdad que los jueces del Supremo son inamovibles y aunque hayan sido nombrados por votación en el Consejo teniendo más votos de un sector u otro, nadie les va a remover de su escaño salvo que sean condenados por un Tribunal (complicado por aquello del corporativismo aunque siempre hay excepciones). Sin embargo no sucede lo mismo con los de Tribunal Constitucional que tiene un mandato limitado a nueve años (salvo prórrogas de las que también tenemos reciente experiencia) y que luego van a depender en muchos casos –los que son magistrados y fiscales- del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo Fiscal para continuar sus carreras profesionales.

Es decir, van a seguir dependiendo de aquellos que les nombraron. Que no son otros que los partidos políticos, pero fundamentalmente el del gobierno de turno por la forma de nombramiento de los magistrados de la calle Doménico Scarlatti. Si es que no hay más que ver lo que publican los medios de comunicación, donde se puede leer u oír cosas como que tal magistrado (a propuesta de tal partido) ha votado con los propuestos por otro partido.


Y así nos va y nos seguirá yendo. Ya veremos qué pasa con Bildu como ya estamos viendo lo que ocurre con Cataluña o lo que nos han costado algunas de las indemnizaciones de Rumasa. Y ojo con lo de Rumasa y demás. No estoy defendiendo a Ruiz Mateos y mucho menos con el asunto de Nueva Rumasa de por medio. Quiero únicamente al citar estos ejemplos recordar que el Constitucional no es una cuarta instancia judicial, no valora las pruebas juzgadas, únicamente sentencia si se han vulnerado los derechos constitucionales. Nada más y nada menos, que no es poco.

 Para evitar todo el mercadeo existente en los nombramientos y las posibles presiones posteriores sobre los magistrados considero que es necesaria una reforma a fondo del Tribunal Constitucional que sin duda implica una modificación de la Carta Magna. Como hay que hacerla por lo de la sucesión a la Corona se podría aprovechar la ocasión, pero el problema es que entonces se requeriría la vía compleja con disolución de las Cámaras. Por tanto, creo que el nuevo gobierno debería abordar una reforma puntual de este aspecto y la consiguiente reforma de la Ley Orgánica del Consejo General. A ver si consigue reanimar a Montesquieu.


Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com

Copago sanitario y grave error de algunos médicos

En los últimos dieciocho meses, han proliferado las conferencias, desayunos, simposios, informes y demás elementos de comunicación al uso, sobre la situación de la sanidad en España. Una gran parte de los mismos, comienzan refiriéndose a la insostenible situación financiera del mismo, y a partir de ahí los caminos divergen, aunque existe una importante coincidencia en los últimos eventos, sobre lo mucho que se podría mejorar nuestra sanidad si el sector privado tuviera una participación mayor. Incluso, algún reciente informe en el que figuran políticos de toda condición ideológica, se propone un aseguramiento universal financiado por el Estado, y con capacidad de elección de aseguradora, con unas prestaciones básicas, iguales para todos, y luego que cada uno contrate lo que no se considere básico (patologías menores, explicita el informe, entre otras como el confort y las accesorias) con las aseguradoras con las que ha contratado las prestaciones básicas de financiación pública.


Si se lee la prensa profesional y “pseudoprofesional” con asiduidad, no deja de sorprender extraordinariamente el posicionamiento de buena parte de ella sobre esas cuestiones. La defensa de la integración de la sanidad privada en el SNS y la consideración de la enfermería como paralela al médico y adquiriendo parcelas de competencias hasta ahora exclusivamente médicas, y sin ceder ni un ápice de las suyas a otras categorías profesionales, son dignas de un estudio en las Facultades de Ciencias de la Información. De tal manera, que para algunos políticos, cuando hablan sobre la materia y en público, parece que todo es igual y todo es lo mismo, médicos, enfermeras, farmacéuticos, técnicos. Y eso es porque los representantes de algunas organizaciones profesionales les cuentan a esos políticos que los representados por ellos votan lo que indican sus representantes. Ni que decir tiene, que todo mi reconocimiento a la capacidad rasputiniana de tales representantes.

Tengo que reconocer que ello, fundamentalmente, se debe a la estrategia y extraordinaria política de comunicación de algunas entidades, sobre todo del IDIS y del Consejo General de Enfermería. Creo que el próximo presidente del Gobierno podría buscar el Secretario de Estado de Comunicación, en los gabinetes de la materia de estas dos organizaciones. Si es Rajoy como se espera, e hiciera ahí tal elección, seguro que nunca más se volvería a decir que el Partido Popular no sabe comunicar.

Sin embargo, no puedo decir lo mismo de la Sociedad Española de Medicina General (SEMERGEN) y su recién publicado “Análisis sobre la situación de los Médicos de Familia en España”. Ha sido un error, un tremendo error, el publicar alguna de las cosas recogidas en el estudio en estos momentos de expectativa de recortes en la Sanidad. Incluso la Generalitat de Cataluña ha decidido retrasar los mismos hasta después del 22 de mayo, entre otras cosas por las manifestaciones de los profesionales sanitarios, y ahora los titulares de los medios de comunicación son que el 86% de los médicos de familia consideran necesario implementar algún sistema de copago.

Sin embargo, los políticos –incluidos los que participaron en el informe que he citado al principio del post- lo niegan hasta la saciedad y lo consideran un anatema. Algunos incluso dicen, que si Zapatero proporcionara la financiación sanitaria adecuada a las CC.AA., se resolverían el déficit de las mismas, y los proveedores cobrarían a su debido tiempo. Incluso alguien ha dicho que copago bajo ningún concepto, como mucho -y ya veríamos- una tasa (¿!).

El estudio de la SEMERGEN consta de una muestra de 1500 entrevistas con un error mayor de 9,7% y me gustaría saber realmente la validez de los resultados. Porque otra cosa que me llama la atención es que el 44,2% de los encuestados se encuentran en el grupo de edad comprendido entre 51 y 60 años, y que el 43% se encuentren en la cohorte de entre 21 y 30 años de ejercicio profesional, y que Extremadura sea la región donde el mayor porcentaje de médicos cree necesario implementar el copago.

Si ya los médicos han perdido casi todo el prestigio social (de hecho el estudio valora también las agresiones), no soy capaz de entender por qué la justificación del copago es para “reducir la utilización innecesaria” en el 79,3% de los encuestados. Esto recuerda, a cuando en el franquismo era posible solicitar a la inspección que se le suspendiera a un paciente el derecho a la asistencia sanitaria de la seguridad social durante un periodo de tiempo, por causas como solicitar el alta voluntaria o alguna otra. Y lo digo con toda crudeza, parece que los médicos de familia quisieran “castigar” a los ciudadanos por acudir a la consulta.

Y es que, si se sigue leyendo el estudio, resulta que lo que se consideran consultas innecesarias son fundamentalmente las burocráticas, y en esto no tiene ninguna responsabilidad el paciente. Porque la siguientes causas de consultas innecesarias –en opinión de los encuestados- son “pequeñas dolencias, crónicos y somatizaciones”. ¿El paciente con una somatización no necesita atención médica? ¿Y las pequeñas dolencias y los crónicos? ¿Es que hay que “castigar” a los ciudadanos porque no haya sistemas adecuados de atención a estas dolencias o no exista suficiente educación sanitaria para el autocuidado de esas pequeñas dolencias? En otros estudios, se justifica el copago por la hiperfrecuentación, pero resulta que en el de la SEMERGEN solo entra en esa categoría, el 2,69% de las consultas.

En todo caso ¡qué error!, qué tremendo error, que los propios médicos pidan el copago y encima justificándolo de una manera impropia e inadecuada. Son los políticos los que tienen que tomar esas decisiones y no los médicos. Me atrevo a darle un consejo a la SEMERGEN: que contraten urgentemente un gabinete de comunicación para resolver el problema que, sin duda, están creando a muchos médicos. Ya veremos cuáles son las reacciones de algunos ciudadanos cuando acudan a la consulta después de esta defensa del copago. Que no se extrañe nadie que a algún médico le tilden de pesetero, porque alguno de esos ciudadanos terminará diciendo que piden el copago para que les suban el sueldo. Es que el estudio también trata sobre esto.

La verdad es que se trata de un estudio de muy bajo perfil, por no aplicarle otros calificativos, que se ha ganado a pulso. En una parte del mismo, dice que los médicos están desmotivados porque no disponen de herramientas CLINICAS en las consultas, como Internet. Vamos a ver, una herramienta clínica, para un médico, es un fonendoscopio, un martillo de reflejos, una linterna…Internet será una herramienta informática, o que se yo. ¿Es que ya estamos todos tontos?

Un error, una lástima, y algunos políticos frotándose las manos y pensando en lo listos que han sido. Y el prestigio de los médicos en un escalón inferior, si es que todavía quedaban escalones.

Fidel Codex
fidel.codex@gmail.com

A peor resultado del PSOE el 22-M, menos factible el adelanto electoral

Al filo del inicio de la campaña electoral hemos conocido la Encuesta de Población Activa, tan demoledora como se esperaba y que, posiblemente, refleja también un importante desencanto de la ciudadanía, que ha perdido una buena parte de las esperanzas de encontrar trabajo. Tampoco puede descartarse un mayor retorno de inmigrantes a sus países de origen, para lo que todavía no tenemos datos del primer trimestre.

Efectivamente, como vaticinaba Elena Salgado no se ha llegado a los cinco millones de desempleados. Afortunadamente, y nadie en su sano juicio se alegrará por ello a pesar de lo que dicen algunos medios de comunicación afines a Zapatero. No creo, más bien estoy convencido, de que nadie en el Partido Popular se hubiera alegrado de que se alcanzara esa cifra. Como tampoco de que aumente el paro, entre otras cosas porque todo apunta a que lo van a tener que gestionar en un futuro próximo, como máximo en doce meses y 1.386.000 hogares con todos sus miembros en paro es un reto muy complicado de gestionar.

Ahora bien, como avanzaba en el primer párrafo, la escandalosa cifra de 4.910.200 desempleados -una tasa del 21,29%, el doble de la media de la UE- hay que ponderarla con el descenso de la población activa que ha sido de 49.200 personas. Seguramente muchas de ellas personas desencantadas que han desistido de seguir buscando empleo. Algunos mal pensados le suman también el incremento del empleo en el sector público, 17.400 trabajadores. Y eso que algunas Comunidades Autónomas han llegado a anunciar que tenían dificultades para pagar las nóminas y los Ayuntamientos están en una situación financiera tan mala como los datos de la EPA. He llegado a pensar que ese incremento en el sector público pudiera deberse a contratos eventuales por incapacidad temporal en sectores como sanidad y educación donde hay sitios –no todos, ni mucho menos- donde las plantillas están ajustadas. Pero no ha sido así en su totalidad, 7.000 personas han adquirido la condición de empleado público fijo, aunque vamos a dejar el beneficio de la duda y a pensar que son incorporaciones de OPEs de años anteriores. Ya, ya sé que es muy frecuente que las OPEs consoliden empleo temporal, pero como digo, voy a persistir en ese beneficio de la duda.

 Coincidiendo con la EPA se ha publicado el avance del Barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y los resultados, sumados a los anteriores, deben tener de los nervios a D. José (ex Pepiño) Blanco, porque ya a Zapatero –viendo su lenguaje no verbal- está en otros temas. Resulta que solo el 2 % de los encuestados califica la situación económica general de España como buena o muy buena.

 Aunque supongo también que todos los políticos deben estar preguntándose qué hacen y que es lo que comunican –a pesar de tanta publicidad, propaganda, DIRCOMS, medios afines, etc.- cuando casi el 67% de los encuestados califican la situación política como mala o muy mala y el 45.5% opinan que no mejorará dentro de un año.

 En días pasados se han publicado algunas encuestas en medios de comunicación en las que se resaltaba una aproximación del PSOE al PP en intención de voto, pero que no confirma la encuesta del CIS, no encargada por nadie interesado en el asunto. Ni que decir tiene que ningún partido se da por ganador ni por vencido en sus argumentarios públicos y la frase más repetida es la de que la única encuesta válida es la del día de las elecciones. Por otra parte, una verdad de Perogrullo.

 En cualquier caso por mucho que se aplique el PSOE en negarlo, todo apunta a que las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo van a constituir un test plebiscitario sobre Zapatero y el PSOE y de cuyos resultados se derivarán –sin duda- consecuencias sobre el calendario electoral para las generales previstas en 2012.

 Ayer muchos medios de comunicación publicaban declaraciones de una buena parte de los líderes del Partido Popular, incluido Gallardón, en las que apostaban que un resultado muy malo para los socialistas abocaría indefectiblemente a la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Ojalá me digo, pero pienso que no va a ser así.

 Más bien opino que si el resultado es ajustado y el Partido Popular gana las elecciones por un margen no superior al 3% en el conjunto de España y, además, no consigue la mayoría absoluta en Castilla La Mancha habrá convocatoria de elecciones para el otoño. Por el contrario, si la debacle socialista es tal y como pronostican las encuestas se agotará la legislatura.

En el primer caso porque si es casi una constante en los últimos estudios del CIS que la mayoría de los encuestados tienen más “simpatía” o se consideran más “cercanos” al PSOE que al PP y si la derrota es “dulce” estás tendencias podrían aumentar y el partido presionaría a Zapatero para convocarlas cuanto antes e intentar ganarlas y luego pactar con los nacionalistas para formar gobierno. No dejemos a un lado tampoco que Rajoy no sale mucho mejor parado que Zapatero en valoración, aunque por primera vez le haya superado por alguna décima.

 En caso contrario por aquello tan castizo de “que me quiten lo bailado”, sumado a que el 82,8% de los españoles tienen como máxima preocupación el paro y si las posibilidades de engrosar las listas con muchos de ellos mismos son máximas, se intentará retrasar ese acontecimiento hasta el último día. Con independencia, además, de que el PNV retire sus apoyos parlamentarios por la decisión del Tribunal Supremo sobre Bildu, como anunció Urkullu el domingo.



Pemeches Juspi


pemechesjuspi@gmail.com

¿De verdad queremos ser iguales?

La práctica en España de lo “políticamente correcto” surgió desde la izquierda hace ya bastantes años, y así como a un conocido ex director de periódico le gustaba dar “patentes” de demócrata, él mismo y otros, con gran capacidad de influencia a través de los medios de comunicación, empezaron a divulgar lo que era “adecuado” o “inadecuado”. En otras palabras, el que no se aplicara a si mismo esos códigos de comportamiento en todas las facetas de la vida era considerado como un “retrógrado” o, lo que es peor, como alguien sin la suficiente sensibilidad con la mayoría de los componentes de la sociedad.

Esta filosofía ha llegado a tales extremos que estoy convencida de que la mayoría de los políticos que no quieren ser “suspendidos” por los medios de comunicación -es decir, ninguno-, están extremadamente pendientes de cumplir esas reglas.

Viene esto a colación porque estoy perpleja con el acto que ha montado la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Perpleja, y decepcionada. En el acto se trataba de presentar a “las mujeres de su candidatura”. Al más puro estilo Zapatero, que nos hace muy flaco favor, al “protegernos” mediante cuotas de participación en altos cargos, con lo cual si una mujer válida, alcanza uno de dichos puestos, siempre está la duda de si es porque lo vale o por la paridad que se han inventado. Claro que conozco a unas cuantas mujeres (y hombres), cuya moral les permite aceptar todo tipo de componendas, aprovechándose de cualquier beneficio que les caiga, merecido o no.

Yo tenía por cierto que si una mujer se lo propone, alcanza el puesto que coloca en su objetivo. Y muchas veces, decidimos, voluntariamente, nuestro orden de prioridades, que suele ser, en primer lugar los hijos y la familia. Y si es así, es una elección tan digna como cualquier otra. Porque sabemos que es muy difícil, por no decir casi imposible, estar en misa y repicando. Y tener que elegir continuamente es inherente a la vida misma.

Pues bien, yo tenía a esta persona por una de estas mujeres, luchadora y ganadora, en un mundo mayoritariamente masculino a ese nivel alcanzado por ella. Sin pararse a distinguir por sexos, ya que para el desempeño de un puesto de trabajo, no tiene sentido. Y, además, debería darnos igual que nos llamasen médico o médica, electricisto o electricista. Pero lo importante, si somos iguales, es que el puesto de trabajo se llamase igual. De hecho, sigo pensando que este acto ha sido un lapsus o que ha aceptado un consejo que no la pega nada.

Cuando, hace muchos años, estudiaba en la Facultad, había algún catedrático y profesor, que pensaba que las mujeres estábamos mejor en casa, y hasta alguno se lo dijo en voz alta a alguna alumna. Pero es que, hay días tontos…, y tontos todos los días. Y algunas de nosotras hemos ocupado el puesto que han dejado al jubilarse. ¡Y con que satisfacción!

No quiero dejar pasar esta oportunidad para decir que los periodistas tienen mucha culpa en estas lides, además de que fueron ellos los que, sino crearon al menos impulsaron la implantación de lo “políticamente correcto”. Ellos creen que nos salvan de muchas cosas al dar a conocer informaciones, pero nunca hacen autocrítica de las tontadas que ponen de moda. Así, cuando leo en los medios estos juegos de palabras, me revoluciono. Y me pregunto ¿por qué, en su mayoría dicen “la juez LeVert”, y cuando hablan de magistradas españolas “la jueza”?. ¿Por qué ellos no se llaman periodistos cuando son varones?

Cuando la gente, precisamente la que clama melodramáticamente que somos iguales, dice ciudadanos y ciudadanas están remarcando una diferencia que no viene a cuento, puesto que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, y con una palabra es suficiente. Puede ser interesante marcar la diferencia si voy a una discoteca, pretendo ligar o me voy a un viaje de placer. Todo lo demás, es perder el norte, y hasta la brújula.

Fidel Codex

fidel.codex@gmail.com