lunes, 9 de mayo de 2011

Es necesario reformar el Tribunal Constitucional

Desde que los Príncipes de Asturias tuvieron su primera hija se comenzó a hablar de la necesidad de una reforma constitucional que aboliera la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono. Durante el segundo embarazo de Dª Letizia los comentarios y artículos sobre la necesidad de dicha reforma arreciaron y en los últimos tiempos se ha vuelto a hablar de la conveniencia de la misma por otros temas, fundamentalmente relacionados con el Título VIII de nuestra Carta Magna.

Pocas veces, sin embargo, he visto comentarios sobre la necesidad de tal reforma con relación al Tribunal Constitucional, que a pesar de lo que muchos españoles consideran, no es una instancia más de apelación por encima del Tribunal Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas en los casos de su máxima responsabilidad.

La historia del garante máximo de nuestros derechos y deberes constitucionales ha estado trufada por diversos hechos relacionados con un sospechoso condicionamiento al gobierno de turno, con la excepción de la época de Aznar. Conviene recordar la sentencia sobre la expropiación de Rumasa y el posterior exilio voluntario del presidente del Alto Tribunal, García Pelayo, tras otorgar su voto de calidad para declarar constitucional todo el proceso expropiatorio por presiones del gobierno de Felipe González.

Y qué decir de la actuación del gobierno de Zapatero sobre el Tribunal con motivo del Estatuto de Cataluña, donde se llegó a modificar la normativa para que la presidenta, Mª Emilia Casas, pudiera seguir hasta que se emitiera la sentencia correspondiente más de tres años después de presentados varios recursos. Recuérdese también el abroncamiento en público de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega a Casas en la tribuna del desfile de la Fiesta Nacional.

En los últimos días la decisión sobre Bildu tiene toda la pinta de ser otro ejemplo paradigmático de un Tribunal sometido a las presiones del gobierno de Zapatero con Rubalcaba actuando de máximo representante de la manipulación y del engaño a todos los españoles, aunque también hay quien dice que se oponía a las maniobras de Zapatero. Habrá que dejar el beneficio de la duda por aquello de que es muy listo y sabía que a la mayoría de los españoles no iban a manifestar su apoyo a la legalización. Así lo han mostrado las encuestas y Rubalcaba aspira a suceder a Zapatero. En todo caso no se han guardado ni las formas, hasta en esto se diferencian de la época de Felipe González. Y al igual que sin duda Zapatero aprendió a decir en alemán que estaba a las órdenes de Merkel, casi seguro que para mayor empatía con el PNV terminó diciendo a Urkullu “lasaia Iñigo”. Iñigo tranquilo, que la sentencia del Constitucional será “agradable” tal y como manifestó el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Eduardo Madina, el día anterior a producirse.

 
En fin, no voy a entrar hoy en el tema de Bildu salvo para recordar que Hitler también asumió el poder de forma democrática. Lo que si voy a hacer es exponer la necesidad, en mi opinión, de reformar el acceso a la magistratura del Tribunal Constitucional y la composición del Consejo General del Poder Judicial.

Tengo que volver a recordar a Alfonso Guerra y una de sus famosas frases: “Montesquieu ha muerto”. Es muy raro, prácticamente inexistente en realidad, que cuando se comenta algo sobre el Tribunal Supremo, el Constitucional o el órgano de gobierno de los jueces no se añada a cada magistrado una coletilla sobre si es “progresista” o “conservador” e incluso si es del cupo socialista o popular.

 Bien es verdad que los jueces del Supremo son inamovibles y aunque hayan sido nombrados por votación en el Consejo teniendo más votos de un sector u otro, nadie les va a remover de su escaño salvo que sean condenados por un Tribunal (complicado por aquello del corporativismo aunque siempre hay excepciones). Sin embargo no sucede lo mismo con los de Tribunal Constitucional que tiene un mandato limitado a nueve años (salvo prórrogas de las que también tenemos reciente experiencia) y que luego van a depender en muchos casos –los que son magistrados y fiscales- del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo Fiscal para continuar sus carreras profesionales.

Es decir, van a seguir dependiendo de aquellos que les nombraron. Que no son otros que los partidos políticos, pero fundamentalmente el del gobierno de turno por la forma de nombramiento de los magistrados de la calle Doménico Scarlatti. Si es que no hay más que ver lo que publican los medios de comunicación, donde se puede leer u oír cosas como que tal magistrado (a propuesta de tal partido) ha votado con los propuestos por otro partido.


Y así nos va y nos seguirá yendo. Ya veremos qué pasa con Bildu como ya estamos viendo lo que ocurre con Cataluña o lo que nos han costado algunas de las indemnizaciones de Rumasa. Y ojo con lo de Rumasa y demás. No estoy defendiendo a Ruiz Mateos y mucho menos con el asunto de Nueva Rumasa de por medio. Quiero únicamente al citar estos ejemplos recordar que el Constitucional no es una cuarta instancia judicial, no valora las pruebas juzgadas, únicamente sentencia si se han vulnerado los derechos constitucionales. Nada más y nada menos, que no es poco.

 Para evitar todo el mercadeo existente en los nombramientos y las posibles presiones posteriores sobre los magistrados considero que es necesaria una reforma a fondo del Tribunal Constitucional que sin duda implica una modificación de la Carta Magna. Como hay que hacerla por lo de la sucesión a la Corona se podría aprovechar la ocasión, pero el problema es que entonces se requeriría la vía compleja con disolución de las Cámaras. Por tanto, creo que el nuevo gobierno debería abordar una reforma puntual de este aspecto y la consiguiente reforma de la Ley Orgánica del Consejo General. A ver si consigue reanimar a Montesquieu.


Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com

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