lunes, 16 de mayo de 2011

Asustar infundadamente a los ciudadanos

En el reciente debate televisivo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata por el Partido Popular, Esperanza Aguirre, y el candidato del PSOE, Tomás Gómez, este mostró una carta de la SEOPAN firmada por su presidente y anterior director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, David Taguas, dirigida al Consejero de Sanidad. En ella la patronal de las constructoras -muchas son concesionarias de los nuevos hospitales tipo PFI de la Comunidad de Madrid- advertían de un posible colapaso de las concesiones si no se llegaba a un acuerdo en ciertos puntos, debido a ciertas cuestiones sobre la financiación de las mismas.

La misiva es de fácil acceso en cualquier medio de comunicación y lo primero que llama la atención es que es una fotocopia con el registro de entrada en esa Consejería. Por tanto ha habido algún funcionario que, presuntamente, ha cometido un delito de infidelidad de custodia de documento público porque no iba dirigida la carta a Tomás Gómez ni a ningún medio de comunicación, ni constaba tal advertencia por parte del remitente. Es más, con posterioridad Taguas se ha dirigido a la Comunidad de Madrid para lamentar el uso que se ha dado a un escrito dirigido exclusivamente al Consejero.

El revuelo ha sido considerable y ha obligado hoy a Esperanza Aguirre a decir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que van a estudiar si hay que “reequilibrar” las concesiones de los siete nuevos hospitales porque la Administración cumple la ley. En todo caso me gustaría conocer que opinaría cualquiera si en un debate se presentara un escrito donde constara lo siguiente:

En lo que se refiere a la cuenta 476, el Hospital realiza los ADOK y OEK en tiempo y forma, y que el presupuesto para cotizaciones de la Seguridad Social asignado no se ajusta al real para las tarifas de las personas presupuestadas. En efecto, en el Contrato por que es el que rige la financiación del Hospital, las cuotas de la Seguridad Social están calculadas a un 25%, si bien este porcentaje se acerca al real para el caso del personal con plaza en propiedad, es muy inferior al del personal contratado, que ronda el 31%. Este hecho supone un déficit crónico en la financiación de las cuotas especialmente para la Formación Postgraduada, donde todo el personal cotiza al tipo superior.

Una situación gravísima, por supuesto y que pone en grave peligro la existencia de los Médicos Residentes con el consecuente deterioro de la calidad asistencial. Máxime si eso va unido a problemas de personal como sigue diciendo el escrito:

En la Resonancia Magnética se han incluido 1.050 exploraciones propias lo que implicaría la financiación comprometida de 2 F.E.A., 4 T.E.R. y 2 D.E. y que se nos comunicó en la reunión de negociación que se llevaría a cabo a partir de la entrada en funcionamiento del equipo. Esto ha tenido lugar hace tres meses y continuamos sin esa financiación.
Y ni que decir tiene cuando se puede leer también lo siguiente:

No compartimos la teoría de la necesidad de formalizar un documento RC en los casos de contratos plurianuales, puesto que el importe de la correspondiente anualidad fue fijado en el contrato adjudicado el año anterior, por ello debe formalizarse un documento AD a favor de la empresa adjudicataria y emitir en los correspondientes plazos de vencimiento los oportunos OK si el servicio se ha prestado de forma satisfactoria
En opinión de Tomás Gómez seguramente una situación muy preocupante y de extrema gravedad que pone en grave peligro la sanidad pública y sin duda va a dejar desasistida a la población atendida por ese hospital.

Pues no, porque esos párrafos están entresacados de un documento de hace catorce años, el hospital ha ampliado su plantilla y cartera de servicios, ha experimentado cambios arquitectónicos y sigue prestando atención sanitaria de máxima calidad y continua siendo público.

Quiero con esto decir que lo que viene a reclamar la carta de la SEOPAN es lo habitual en todos los hospitales de nuestro país por varias y múltiples razones. La principal, que los presupuestos no son reales y que la liquidación final no suele ajustarse al presupuesto inicial, y –no sé exactamente si es el origen o la causa- que la inmensa mayoría se rigen por procedimientos administrativos y no de gestión y la atención sanitaria precisa una agilidad de respuesta que es muy difícil de encajar en la normativa administrativa. Por eso la proliferación en los últimos tiempos de los hospitales fundaciones, empresas públicas, concesiones administrativas o tipo PFI.

La carta de la SEOPAN viene a decir que se adeuda a las concesionarias de los hospitales tipo PFI en torno a los 80 millones de euros y que debe aumentarse el canon anual en 9,2 millones de euros. Algo parecido –con otras cantidades- a lo que el gerente que escribió los párrafos citados más arriba a la Dirección General del INSALUD expresaba al finalizar su escrito.

Ha cambiado el Plan General de Contabilidad y por tanto la TIR de los accionistas disminuye al cambiar de activo inmovilizado material a activo financiero las infraestructuras. No me parece mal en los tiempos actuales el que en vez de una TIR del 11,22% al 7,61%. Ya me gustaría a mí ser inversor de algo con esa TIR, pero si en el contrato se recogió –que no lo conozco- la primera TIR, la Comunidad y las concesionarias tendrán que sentarse a negociar en función de las posibles cláusulas de salvaguarda –que seguro que existen- del contrato.

Otras cosas que reclaman son modificados en la obra y luego en la fase de explotación. Lo de toda la vida de los hospitales, que siempre están en obras. La diferencia es que con régimen administrativo no se puede hacer pidiéndole a la constructora que lo haga y ya se la pagará, sino que lleva un complejo procedimiento que puede llegar al Consejo de Ministros (de Gobierno en las CC.AA.). Una de las razones por las que la construcción de un hospital dura tantos años. Parte del “milagro” de la rapidez de puesta a disposición del centro en los modelos PFI sin duda surge de esa nueva manera de actuar. Está claro que hay que pagarlo. Pero no hay nada nuevo bajo el sol en esto de los modificados.

Que hay más actividad hay más gasto. Antes iba al déficit del contrato de gestión del hospital y por elevación podía llegar al déficit del Estado o de la Comunidad Autónoma. Ahora las concesionarias reclaman lo que se han gastado de más por encima del contrato. Y si el IVA ha aumentado habrá que ver que recogía -si es que lo hacía- el contrato en tal aspecto. Además, parece, que hay diversas interpretaciones sobre que tipo aplicar en función de la prestación llevada a cabo por las concesionarias.

En conclusión con independencia de las posibles ventajas o inconvenientes de los modelos PFI y de las concesiones administrativas de hospitales que precisan un estudio en profundidad según ya he comentado en una entrada anterior, algunos políticos deberían aprender que asustar infundadamente a la población con temas de especial sensibilidad como es la salud, no conduce a nada y puede volverse contra ellos. Creo que ayer Esperanza Aguirre ha demostrado suficiente cintura al comunicar que se va a estudiar a fondo la carta de Taguas, al cual le honra también el haber comunicado su malestar por la espuria utilización de la misma que ha hecho Tomás Gómez.

Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario