Hace unos días se ha puesto en marcha la nueva ayuda de los 400 euros a los parados de larga duración con el rimbombante nombre de “Programa de recualificación profesional de las personas que hayan agotado su protección por desempleo”'. Está en la línea de atención personalizada a los desempleados que lleva meses publicitando el gobierno y trata, oficialmente, de buscar la recualificación con vistas a la reinserción laboral de parados de larga duración.
En teoría se realizará un itinerario individualizado y personalizado de inserción que contemple un diagnóstico sobre su empleabilidad, así como las medidas de políticas activas de empleo dirigidas a mejorarla. Parece texto copiado de alguna normativa reguladora de la renta mínima de inserción y tengo mis dudas de que ese itinerario vaya a ser realmente individualizado y personalizado. No hay más que ver las colas en las oficinas de los servicios públicos de empleo para que a cualquier observador un poco crítico perciba la extrema dificultad de llevar a cabo esa “individualización y personalización”, exactamente igual que en la Renta Mínima de Inserción en muchas de las personas sin hogar aunque por otros motivos.
No quiero decir con esto que esté en contra de esa ayuda –imprescindible para la supervivencia de muchas familias-, y muchísimo menos si es verdad que va a salir de ajustes en los presupuestos de los ministerios. En todo caso, si es de ahí de donde se va a obtener la disponibilidad económica para abonarla diría que se queda corta, porque la posibilidad de ahorro en esos organismos es importante. Además el trabajo en muchos de esos ministerios no debe ser excesivo cuando se ve tanto alto cargo desayunando con elevada frecuencia en esa moda de los “desayunos de opinión, informativos, de intercambio de ideas, etc.” que tanto proliferan últimamente. Que quede claro también que no estoy en contra de los mismos; tienen la virtud de contribuir al mantenimiento del empleo en los hoteles donde se llevan a cabo y en sus proveedores y de algún que otro puesto de becario en los medios de comunicación.
El problema es no solo la dificultad de ese trato personalizado que solo se podría lograr abriendo más oficinas durante más horas y con más funcionarios, sino las posibilidades de reinserción laboral en muchas Comunidades. Es verdad que están contempladas ayudas para desplazarse a otros sitios a recibir la formación pero no deja de ser un canto al sol porque salvo que sea para formarse en algo que se demande en concreto por una empresa nadie se va a desplazar ni las ayudas cubrirían, seguramente, el coste del desplazamiento. Lo que no se quiere ver es que todavía se está destruyendo empleo y que la dificultad de reinserción en otra actividad es difícil cuando ni siquiera hay actividad. Y ¿qué va a ocurrir dentro de seis meses cuando finalice este programa? La Secretaria General de Empleo ha venido a decir, más o menos, que “Dios proveerá”, aunque en terminología laica.
Lo que está claro es que los parados que se puedan beneficiar de esa ayuda tendrán para poco más que el “maíz y frijoles” que forma parte del jornal de muchos campesinos latinoamericanos, pero que los grandes beneficiados van a ser los sindicatos que, sin duda, tendrán una fuente más de financiación porque, con toda seguridad, van a tener un papel importante en los cursos de formación ligados a esta nueva prestación.
Es de dominio público la gran cantidad de dinero que mueve la formación continua y la formación de desempleados en nuestro país y la gran cantidad de empresas que han proliferado para impartir cursos. De los más variopinto y sin relación con las necesidades del mercado de trabajo y en algunas ocasiones ligadas a la percepción de algún tipo de ayuda económica a los alumnos.
Creo que se debería encuadrar en la consolidación de la reforma laboral –por cierto, ¿para cuándo?- la adecuación de la formación continuada impartida por o a través de programas sindicales. Ya casi tiro la toalla en que no se subvencione tan alegremente a los sindicatos con la excusa de la formación continuada, porque no le veo solución, pero sí que por lo menos tenga utilidad para el empleo.
En estos momentos considero que los sindicatos no deberían desarrollar actividades formativas que no estuvieran dirigidas directamente a la empleabilidad. Lo que está anunciando una central sindical, de un curso de cata de vinos dirigido a funcionarios de una administración pública por mucho que se haga fuera de la jornada laboral y se especifique que no forma parte del plan de formación continuada y no se darán justificantes me parece una ofensa a los parados, cobren o no los 400 euros. El dinero de dicho curso y los vinos que se usarán para la cata se deberían emplear para formar parados que puedan emplearse en empresas de restauración, no para empleados públicos que no tienen competencias en viticultura como es el caso, aunque no les dé puntos para promocionarse. Los “puntos” y la formación impartida por los sindicatos en las Administraciones Públicas lo dejo para otro día.
Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com
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