miércoles, 27 de abril de 2011

Lugar de residencia y principios de igualdad, mérito y capacidad

Hace ya muchos años viví la primera apertura de un nuevo hospital de las varias que he tenido la oportunidad de contemplar. Se podía decir que estábamos estrenando Constitución y que los principios que recoge la misma no estaban todavía muy incardinados en los españoles, aunque es verdad que cuando algo no gustaba existía cierta tendencia a decir que aquello era “anticonstitucional”. Aunque curiosamente aquel hospital se inauguró con el escudo del águila de San Juan del franquismo y nadie hizo tal afirmación de este hecho.

No era en una gran ciudad y, ya durante la construcción del mismo, los vecinos con el Ayuntamiento a la cabeza exigían que todos los puestos de trabajo estuvieran reservados para habitantes de la localidad y, en todo caso, si alguno quedaba, para los de la zona a cuya población estaba destinado el nuevo hospital. Progresivamente los más avezados se dieron cuenta de que aquello no era posible porque no abundaban ni mucho menos los anestesistas, radiólogos, internistas y bastantes otros especialistas; enfermeras locales tampoco existían para cubrir todos los turnos ni todos los puestos de trabajo. Así que al final la reivindicación se dirigió al personal no sanitario.

Costó explicar que aquello no era posible y que la Constitución exigía cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero algunos, inasequibles al desaliento, contestaban que también contemplaba el derecho al trabajo. Afortunadamente las cosas no se hicieron del todo mal y con unos índices de paro casi tan altos como ahora y con todavía menor cultura de cambio de residencia por motivos laborales que en la actualidad, muchos puestos de personal no sanitario fueron cubiertos por personas de la localidad, pero con cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

En años posteriores contemplé en otros lugares de España otras aperturas y las demandas eran similares. Posteriormente, a esas se añadieron las de que todos los servicios –incluida la limpieza- fueran de gestión pública con personal estatutario y que los sindicatos tuvieran un peso decisivo en los procesos de selección. Esto último está claro que se instauró. No con tanta ponderación como se demandaba, pero sí con algo más de la que hubiera sido deseable.

Y por rizar el rizo no hace demasiados años tuve conocimiento fidedigno de que en la apertura de un centro de prestación de servicios públicos las “fuerzas vivas” de izquierda añadieron una nueva reivindicación: que todos los productos que se compraran para la institución fueran de la localidad. La autarquía en pleno gobierno de Zapatero solicitada en una ciudad gobernada por el Partido Popular, e imposible de cumplir –además de por ilegal-  por “falta de género” como se decía en los antiguos mercados.

Y cuento todo esto porque llevo unos días sin salir de mi asombro. En una importante ciudad de la Comunidad de Madrid –Móstoles- el candidato socialista a la Alcaldía ha asegurado que si sale elegido, el segundo hospital de la localidad -cuya apertura está prevista para los primeros meses de 2012- será público al cien por cien y dejará de ser una concesión administrativa. Estoy convencido que algunos se lo creerán y hasta le votarán por ello, aunque realmente esa promesa es una estupidez; hoy por hoy ningún alcalde tiene competencias para decidir el tipo de gestión de un hospital de un Servicio de Salud autonómico.

Pero, desafortunadamente, mi extrañeza no acaba ahí. Es que resulta que el Ayuntamiento de esa ciudad –gobernado por el Partido Popular- ha firmado con la empresa concesionaria del hospital un convenio respaldado por el consejero, para la creación de unos 1.100 nuevos puestos de trabajo en el Hospital Rey Juan Carlos, en cuyo proceso de selección tendrán prioridad los mostoleños” (sic).

He estado buscando jurisprudencia al respecto y no he encontrado ninguna que incluya el lugar de nacimiento o de residencia entre los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a un hospital financiado con fondos públicos. Y aunque no lo fuera con tales fondos, dicho requisito en cualquier empresa sería tan nulo como decir que tienen preferencia los hombres sobre las mujeres para acceder al puesto de trabajo. Creo que ese anuncio en la web de dicho Ayuntamiento es otra estupidez, como la del candidato socialista, propia del periodo preelectoral en el que nos encontramos.

Y de hecho, si se lee completa la información de la web parece que solo se trata de un acuerdo de colaboración para la formación y orientación laboral. Pero esa desafortunada costumbre de buscar el titular fácil y la propaganda antes que la información completa puede conducir a muchos equívocos y no pocas sospechas. Ojalá, que uno de los cambios que van a resultar imprescindibles a partir del 22 de mayo sea reconducir la información institucional.

Pemeches Juspi
pemechesjuspi@gmail.com

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