Reproducción asistida en lesbianas y cartera de servicios común en el Sistema Nacional de Salud.

En los últimos días los medios de comunicación han publicado varias informaciones sobre la negativa de algún Servicio de Salud a realizar técnicas de reproducción asistida a mujeres lesbianas con cargo a la sanidad pública.

En contra de lo que pudiera pensarse no ha sido en una comunidad gobernada por el Partido Popular donde ha surgido la primera noticia, y al albur de la misma se han conocido otros casos sobre la realización o no de las técnicas autorizadas en la materia en parejas homosexuales en las diferentes Comunidades Autónomas. Hay de todo, como en botica y sin que la afinidad ideológica del gobierno de turno predisponga en uno u otro sentido. Posiblemente esto no refleje más que la situación general de la sociedad, en la que los estereotipos de comportamiento “moral” y sexual no entienden ya de ideología, salvo en sectores cada vez más restringidos.

Como he hecho con algún otro tema tocado en el blog tengo que decir que personalmente no soy partidario ni de la reproducción asistida ni del acogimiento ni de la adopción en parejas homosexuales. Es mi opinión personal tan respetable como la contraria y no tengo nada en contra de tales parejas y mantengo relación cordial y afectuosa con varios homosexuales. Y por supuesto las Leyes hay que cumplirlas gusten o no.

Ahora bien, con la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida creo que estas mujeres que han denunciado la situación en Asturias tienen todo el derecho a ser tratadas. En su artículo 6 se recoge que “toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en esta Ley, siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su utilización de manera libre, consciente y expresa.  La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con independencia de su estado civil y orientación sexual”. Este derecho es limitado por la misma ley en términos de que “el procedimiento tenga posibilidades razonables de éxito y no suponga graves riesgo para la salud física o psíquica de la madre o de la descendencia”.

Pero no solo esto, sino que esta Ley de reproducción asistida,- que vino a sustituir a la anterior de 1988 del gobierno de Felipe González y a la modificación de esta realizada solo tres años antes por la ministra Ana Pastor durante el gobierno de Aznar- fue modificada en 2007 para adaptarla a la Ley 3/2007  reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. De tal manera que contempla textualmente: “Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilio conyugal, que consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su favor la filiación respecto del nacido”. (Insisto, esto está recogido en la ley  de reproducción asistida).

En conclusión, es curioso que el problema haya saltado en una comunidad socialista teniendo en cuenta el empeño que puso Elena Salgado cuando fue ministra de Sanidad en modificar la legislación del Partido Popular sobre la materia, y conviene recordar que cuando presentó la ley en el Congreso de los Diputados mencionó expresamente que venía a dar respuesta a la inseminación de las mujeres sin pareja. Y mucho más curioso –ahora Salgado es ministra de Economía y Hacienda- que en el caso que ha dado origen al debate la Consejería de Sanidad declaró que no había ningún problema en realizar las técnicas oportunas a mujeres solteras y sin pareja siempre que asumieran ellas el coste del proceso. Y me pregunto, ¿y a lesbianas casadas? En todo caso parece que el problema es exclusivamente de orden económico.

Algo bastante poco recordado, salvo para los que vivimos aquella época, –mediados de los ochenta- fue el origen de la reproducción asistida en el Sistema Nacional de Salud. No fue otro que la necesidad de poder llevar a cabo la recién aprobada, por aquel entonces, ley del aborto. No conozco ningún ginecólogo que disfrute haciendo abortos y se buscó el señuelo de convencer a algunos con la reproducción asistida que por aquellas épocas suponía un importantísimo reto profesional y científico.

Es decir, como tantas otras cosas, nació mal porque mezcló cosas que no tenían nada que ver y porque se impidió, por el gobierno de Felipe González, a los ginecólogos objetores al aborto acceder a las unidades de reproducción asistida. De hecho cuando el Partido Popular accedió al poder en 1996 llegué a oír comentarios en el sentido de que era una suerte, porque si duda iba a quitar la reproducción asistida de la financiación pública. Afortunadamente no fue así y las unidades se multiplicaron.

El problema ahora es otro, la situación económica y el elevadísimo coste de estas técnicas y cierta laxitud en la aplicación de la cláusula de las “posibilidades razonables de éxito”. Afortunadamente todavía no se conocen casos en España de mujeres de avanzada edad sometidas a estos tratamientos. Espero que no ocurran aunque la ley no lo impida nada más que con esa cláusula, que siempre se quedará por detrás de los avances científicos, porque frente al derecho de la mujer a ser madre siempre debe anteponerse –en mi opinión- el derecho de un niño a tener madre antes que “abuela”.

Qué gran oportunidad proporciona esta situación para que a partir de la constitución de los nuevos gobiernos autonómicos se imponga de una vez una cartera de servicios común para todo el Sistema Nacional de Salud, adaptada a las necesidades de la ciudadanía y a lo que podemos permitirnos económicamente. No podemos seguir con diecisiete calendarios vacúnales y con diecisiete maneras distintas de abordar las indicaciones de la reproducción asistida, el catálogo de medicamentos y tantas otras cosas.

Pemeches Juspi

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