¿Se podría nombrar un árbitro en lugar de continuar en estado de alarma?

Cada vez es más frecuente leer u oír que Rubalcaba está ejerciendo de presidente ante la “desaparición” de Zapatero, que acaba de anular su asistencia al viaje inaugural del AVE para presidir la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (ya veremos que se le ocurre ahí). De hecho, sin cargo orgánico en el PSOE presentó el domingo al candidato en la Comunidad Valenciana. O es que los socialistas ya han tirado la toalla en Valencia o es que Zapatero no se encuentra en condiciones de salud o de ánimo suficientes. Eso sin descartar que no esté siendo “manipulado” por Rubalcaba, “tranquilo Presidente que tú tienes que bregar con Merkel y ponerla en su sitio, del resto me encargo yo”.

Pero lo que no puede aceptarse es que hoy no vaya a comparecer en el Congreso para solicitar la prórroga del estado de alerta, y Rubalcaba tampoco y sea Jáuregui el que lo haga, como si fuera un asunto rutinario. En todo caso como el Ministerio de la Presidencia tiene encomendadas las funciones de apoyo al Presidente, parece que actuará como sobresaliente por indisposición del maestro y los de CiU, a pesar de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña le apoyará y trámite cumplido. El voto favorable del PNV se explica por su pacto de presupuestos, pero para mí que en el de CiU hay algo relacionado con la privatización de AENA y los aeropuertos catalanes.

Vuelvo a repetir que todo el peso de la Ley debe caer sobre los controladores pero el estado de alarma no es para resolver una situación laboral. Si llevan siete años y no han podido resolverla, la tentación de seguir con la excepcionalidad puede ser muy fuerte. ¿Dónde está el talante de Zapatero? ¿Qué hubiera dicho el partido socialista si Aznar hubiera decretado el estado de alarma el 11-M? Yo viví los efectos inmediatos de los atentados en primera persona y había motivo más que suficiente para haberlo hecho. También hay que recordar que el 23-F tampoco se hizo. Y que quede claro que me estoy refiriendo a la prórroga que se va a votar, no a la que estamos ahora viviendo. Ya expresé mi opinión sobre ella y como manejó Blanco los tiempos.

Con independencia de las opiniones de juristas de elevado prestigio sobre la constitucionalidad  de la declaración del estado de alarma actual y su inmediata prórroga hay una situación que, como español contribuyente a la hacienda pública, me preocupa. Es el asunto de las posibles indemnizaciones a los pasajeros y sectores afectados por el abandono del servicio de los controladores. Yo les aseguro que si eso lo hace un cirujano, aparte de las responsabilidades penales y civiles que sin duda le serían impuestas, el servicio de salud correspondiente tendría que asumir una responsabilidad patrimonial por los daños causados al paciente cuyo cirujano hubiera abandonado en la mesa quirúrgica, cosa por otra parte imposible de toda imposibilidad por mucho conflicto laboral que hubiera, y vuelvo a hablar con conocimiento de causa, porque viví en primera línea directiva la larga huelga de médicos del año 1995.

Creo que esta huelga nos va a costar mucho, mucho dinero a los españoles. Lo veremos dentro de varios años, pero recuerden la sentencia del aceite de colza desnaturalizado en la que la Administración fue condenada por responsabilidad patrimonial. Y el gobierno lo sabe y por eso la Fiscalía se opone a que la Audiencia Nacional se declare competente; si se incoan miles de procedimientos en juzgados ordinarios puede dilatarse más de una década el final de este asunto, pero al final seguro que paga AENA y como con el importe de las tasas y cánones que pueda cobrar para entonces no habrá suficiente, tendrá que salir de los presupuestos generales del Estado con créditos extraordinarios.

Seguro que cuando los juristas terminen de expresar sus opiniones sobre la constitucionalidad o no de la declaración del estado de alarma comienzan a publicar informes sobre esta posibilidad.

Y para finalizar, opino que José Blanco debería ser asesorado para solucionar el conflicto sin aceptar chantajes pero sin amenazas, porque no puede ponerse a la altura de unos trabajadores que han demostrado no tener escrúpulos ni ninguna percepción de desempeño de un servicio público. Creo que debería estudiarse las posibilidades –aunque no exista huelga legal convocada- de nombrar un árbitro que dicte un laudo como ocurrió en la huelga de médicos de 1995, donde Abril Martorell desempeñó tal papel. Y estudiar también el Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud en cuanto a régimen de jornadas y descansos. Ni el Ministerio de Sanidad ni los médicos quedaron totalmente satisfechos con el laudo, pero pudo resolverse un gravísimo problema que también afectó a millones de ciudadanos.

Pemeches Juspi
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